Un tribunal porteño le concedió este viernes el beneficio de arresto domiciliario al represor Miguel Etchecolatz, quien de todos modos seguirá detenido por otros tribunales que rechazaron otorgarle el beneficio.
La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal 6 de Comodoro Py, que tiene dos causas penales contra el ex número 2 de la Policía bonaerense durante la última dictadura militar, que actualmente cumple su pena en la cárcel de Campo de Mayo, junto a otros represores.
Por ahora, el beneficio seguirá suspendido debido a que Etchecolatz está detenido por orden del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora en otras causas por delitos de lesa humanidad, por las cuales le negaron la prisión domiciliaria.
No obstante, los jueces porteños señalaron que su decisión se basó en “consideraciones eminentemente humanitarias, consagradas con máxima jerarquía normativa” a nivel constitucional, ante informes sobre el estado de salud de Etchecolatz, recuperado de coronavirus.
Para el caso de concretarse la medida en un futuro, se dispuso la incorporación del represor al “Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica” con una tobillera. Además se le prohibió salir del domicilio en el que fije domicilio salvo para estudios médicos y con aviso al Tribunal.
Los jueces se basaron en informes médicos que había ordenado realizar la Cámara Federal de Casación, luego de que el represor contrajo coronavirus, se recuperó y volvió al penal de Campo de Mayo desde su lugar de internación.
Etchecolatz contaba con prisión domiciliaria en 2006, cuando enfrentó el primer juicio por delitos de lesa humanidad tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final. En ese momento, el entonces juez federal Carlos Rozanski le retiró el beneficio luego de allanar su domicilio y encontrar un arma de fuego en su poder.
A principios de 2018 la Justicia le otorgó nuevamente la morigeración de la pena y el represor se instaló en su casa de las afueras de Mar del Plata, pero tras la presión de los vecinos y organismos de Derechos Humanos (que organizaron una caravana a su domicilio) finalmente se revirtió la medida. (DIB)