Este martes se cumple un año del inicio de la causa judicial por el fentanilo contaminado producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., propiedad del empresario Ariel García Furfaro. El expediente, considerado ya como la peor tragedia sanitaria de la historia reciente argentina, acumula hasta el momento 114 muertes confirmadas y decenas de sobrevivientes con secuelas, aunque las querellas sostienen que la cifra real podría ser aún mayor.
La investigación comenzó formalmente el 12 de mayo de 2025, cuando la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) presentó una denuncia tras el brote de infecciones intrahospitalarias detectado semanas antes en el Hospital Italiano de La Plata. Los primeros pacientes afectados presentaban cuadros severos que no respondían a causas habituales y que derivaron en múltiples fallecimientos.
Pericias posteriores realizadas por el Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias halladas en las muestras de los pacientes coincidían genéticamente con las detectadas en ampollas de fentanilo pertenecientes a los lotes 31.202 y 31.244. Las sustancias contaminadas contenían Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, y habían sido elaboradas en diciembre de 2024 por los laboratorios vinculados a García Furfaro.
La causa quedó en manos del Juzgado Federal Nº3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, junto con la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, encabezada por la fiscal María Laura Roteta.
Una trama de irregularidades y ocultamientos
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El juez federal Ernesto Kreplak y el empresario Ariel García Furfaro.
Con el avance del expediente, la investigación dejó de apuntar únicamente a una contaminación puntual y comenzó a revelar un entramado de irregularidades sistemáticas dentro de los laboratorios.
Actualmente hay 14 procesados en la causa, entre ellos Ariel García Furfaro, Nilda Furfaro, Damián García, Diego García, José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.
“Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, sostuvo Roteta junto al titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.
Las pericias y testimonios incorporados al expediente revelaron que los laboratorios acumulaban múltiples advertencias previas de la ANMAT por fallas graves en la producción y trazabilidad de medicamentos como dopamina, propofol, diclofenac, morfina y fentanilo. Pese a ello, las empresas nunca fueron inhabilitadas.
Problemas y deficiencias
Según declaraciones de empleados y acusados, dentro de la estructura empresarial se conocían problemas de contaminación y deficiencias microbiológicas, pero las órdenes de continuar con la comercialización “venían desde arriba” para evitar pérdidas económicas.
La investigación también detectó maniobras para ocultar evidencia. Trabajadores señalaron que los resultados microbiológicos positivos se asentaban en cuadernos específicos que desaparecían ante rumores de inspecciones. Además, la Justicia investiga la presunta destrucción de servidores y registros internos.
Las muertes y el alcance nacional
Se estima que más de 300 mil ampollas de fentanilo de HLB Pharma fueron distribuidas en distintos puntos del país. Aunque oficialmente se informó el recupero de los lotes contaminados, el temor persiste en varias provincias.
Hasta ahora se registraron víctimas fatales en Córdoba, Santa Fe, Rosario, La Plata y Capital Federal. Muchas familias continúan reclamando información para determinar si sus familiares fueron alcanzados por el opioide adulterado.
Las pericias realizadas por el Cuerpo Médico Forense concluyeron que, en los casos analizados, la administración del fentanilo contaminado “fue clave en el desenlace fatal de 114 pacientes”.
La lupa sobre los organismos de control
En la segunda etapa de la investigación, el juez Kreplak avanzó sobre el rol de los organismos de control sanitario. La causa analiza la actuación de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), debido a las inspecciones previas y a las alertas que no derivaron en sanciones definitivas.
La resolución judicial detalla fallas graves en los sistemas de control: medicamentos producidos en áreas no habilitadas, ensayos de esterilidad deficientes, registros adulterados, agua para inyectables con niveles de arsénico superiores a los permitidos y liberación de lotes sin contar con resultados microbiológicos concluidos.
Entre 2018 y 2024, la ANMAT recibió 118 reportes de farmacovigilancia vinculados a HLB Pharma, de los cuales el 86% fueron considerados válidos. En al menos 38 oportunidades se ordenó retirar productos del mercado. Sin embargo, la operatoria continuó.
Una causa histórica
La investigación judicial ya es considerada la más grande del país en materia sanitaria. El expediente supera los 400 legajos y sublegajos, e incluye decenas de cajas de documentación y cientos de dispositivos digitales secuestrados.
Mientras la Cámara Federal de La Plata analiza las apelaciones de los procesamientos, la expectativa ahora está puesta en nuevas imputaciones y en el eventual avance sobre funcionarios y organismos de control.
A un año del inicio de la causa, familiares de las víctimas sostienen que todavía falta una respuesta institucional acorde a la magnitud de la tragedia.
Fuente: Agencia DIB
