La senadora Lucía Crexell fue denunciada penalmente por incurrir en el presunto delito de recibir “dádivas” a raíz del nombramiento como embajadora argentina ante la UNESCO -un cargo con sueldo de unos 20 mil dólares al mes- que salió a la luz horas antes de que confirmara su voto a favor del proyecto de Ley Bases.
La denuncia fue presentada por el abogado Federico Paruolo, de activa intervención en la Causa Vialidad por la que fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner e incluye un pedido de medida cautelar para que no pueda votar el proyecto. La causa recayó en el juez Federal Ariel Lijo, impulsado por el Ejecutivo para ser miembro de la Corte Suprema.
Paruolo, quien defendió en aquel juicio al ex titular de Vialidad Nelson Periotti, deslizó que la senadora Crexell cambió su voto a favor de la ley por su designación como embajadora ante la UNESCO, algo que remarcaron varios representantes de la bancada de Unión por la Patria.
“Toda vez que no es posible que la senadora sea primero designada embajadora y luego vote, puesto que ello quitaría el control a quien da la dádiva, y toda vez que es posible entender que la senadora haya requerido algún tipo de certeza respecto al pago acordado, el mensaje que la propia Cancillería ha ‘filtrado’ hace las veces de garantía de cumplimiento del acuerdo”, denunció Paruolo.
Al abogado se refería a la difusión, ayer, de un documento interno de la cancillería que da cuenta del avance el trámite para designar a Crexell. El letrado, al indicar que se filtró desde Cancillería, señaló que el documento se hizo público como garantía del Gobierno de la retribución por el voto.
Paruolo reconoció: “si bien el delito no se encuentra aún consumado, estamos ante un acto ejecutorio punible como una tentativa”. En ese contexto, reclamó una serie de medidas cautelares, entre ellas que se excluya a Crexell de la votación de la Ley de Bases.
Además, reclamó que “se ordene la prohibición de salida del país de la denunciada, se proceda a la geolocalización de su teléfono móvil, registro de llamadas entrantes y salientes; constate en el Senado, listado de Entradas y salidas registradas de la denunciada y-o terceras personas que pudieran haber solicitado audiencia y se arbitren los medios a los fines de hacer efectiva una orden de allanamiento y secuestro de todo dispositivo móvil y-o aparato de almacenamiento que pudiera alojar información vinculada a los hechos de la denuncia”.
Otras fuentes deslizan otra teoría respecto del affaire Crexell: que la difusión del documento tuvo la intención de exponer la situación para perjudicar al gobierno y apunta al malestar de la canciller Diana Mondino con el Presidente Javier Milei por el recorte de poder que sufrió pro estas hora a manos de la Secretaria General de la presidencia, Karina Milei.
Crexell es una senadora por Neuquén ligada a la familia Sapag -es sobrina de Jorge Sapag-, de histórica influencia política en la provincia, ahora está alineada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Alcanzó su banca por Juntos por el Cambio. (DIB)
