“Se creó un sistema de corrupción institucional a través de la manipulación y contratación”, sostuvo el fiscal general Diego Velasco en el marco del alegato en el que pidió seis años de prisión para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exsubsecretario Abel Fatala y los antiguos apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender. La solicitud se dio en el marco del juicio oral en el que se investiga el desvío de $ 206 millones que originalmente estaban destinados a la construcción de viviendas sociales, en el marco del proyecto “Sueños Compartidos”.
De acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, el fiscal consideró que los exfuncionarios eran coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y que los hermanos Schoklender fueron partícipes necesarios. Además, solicitó cuatro años de prisión para los exfuncionarios de Santiago del Estero Daniel y Karina Nasif junto con los exintegrantes de la Secretaría de Obras Públicas Carlos Castellano y Daniel Freidin, todos apuntados como partícipes secundarios de la maniobra.
Velasco, junto al fiscal coadyuvante Juan Argibay Molina y el auxiliar fiscal Diego Puñet, reclamaron un decomiso de $ 206 millones al considerar que se trata del piso mínimo de la maniobra. Indicaron que ese monto deberá ser actualizado mediante el Índice de Precios al Consumidor al momento que quede firme la sentencia. El debate seguirá el 5 de agosto con el alegato de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).
A lo largo de las más de diez horas de alegato, la fiscalía reconstruyó la estructura delictiva que conformaron los acusados desde 2007 hasta 2011, donde desde el Estado Nacional se estipuló que la Fundación Madres de Plaza de Mayo (FMPM) recibiera fondos de manera directa para llevar adelante obras de construcción de viviendas en distintos lugares del país.
