Militantes, dirigentes y simpatizantes de Fuerza Patria se concentrarán frente al domicilio en el barrio porteño de Constitución de la expresidenta para mostrar su apoyo y denunciar lo que consideran una condena ilegítima y proscriptiva.
Uno de los flyers difundidos en redes que convocan a la marcha "Cristina Libre".
Este sábado, al cumplirse cien días desde que la Corte Suprema ratificó la condena en la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo convocó a una movilización frente a su domicilio del barrio porteño de Constitución, en San José 1111, donde cumple arresto domiciliario, bajo el lema “Cristina Libre”.
Militantes, dirigentes y simpatizantes de Fuerza Patria se concentrarán desde las 15 horas -no obstante el anuncio de fuertes tormentas con alerta naranja incluido- para manifestar apoyo a la expresidenta y denunciar lo que consideran una condena ilegítima y proscriptiva.
La convocatoria fue impulsada por sectores como La Cámpora, el PJ, movimientos sociales y distintos referentes nacionales y provinciales, entre los que se encuentran Mayra Mendoza, Teresa García, Oscar Parrilli, Felipe Solá, Lucía Cámpora, Jorge Taiana y Daniel Catalano, que confirmaron su participación.
El acto no solo busca marcar los cien días de detención, sino también mantener viva la campaña “Argentina con Cristina” de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, en las que el kirchnerismo apuesta a convertir la consigna en una bandera electoral.
Para el kirchnerismo, la fecha tiene un fuerte valor simbólico y funciona como antesala de la gran convocatoria prevista para el 17 de octubre, Día de la Lealtad, donde se espera una caravana nacional en respaldo a la exmandataria.
Mientras tanto los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña señalaron que la condena por administración fraudulenta, dictada en diciembre de 2022 y confirmada por la Corte en junio de 2024, se encuentra firme.
En virtud de la sentencia, la expresidenta debe pagar $ 685.000 millones y ejecutar sus bienes. “Lo que corresponde ahora es únicamente su ejecución, con la actualización necesaria para resguardar el valor real de las sumas confiscadas”, señalaron los jueces
El tribunal recordó que el decomiso es una consecuencia legal obligatoria prevista en el artículo 23 del Código Penal, lo que implica que no puede ser revisado en esta etapa. Además, ratificó que los cálculos oficiales garantizan independencia y solidez metodológica, mientras que los informes del perito de parte fueron descartados por falta de sustento técnico. (DIB)