El exfuncionario eliminó evidencia un día antes de que le allanaran la casa. Además, Spagnuolo quiso conectarse a su cuenta de WhastApp desde otro dispositivo.
El extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
La investigación del caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma pruebas que complican al extitular de la entidad, Diego Spagnuolo. Luego de la declaración del exasesor de La Libertad Avanza (LLA), Fernando Cerimedo, la Fiscalía comprobó que el exfuncionario borró mensajes de su celular antes de entregarlo a la Justicia y de que le allanaran la casa.
Además, previo a que allanen su casa en un barrio privado de zona norte, Spagnuolo quiso conectarse a su cuenta de WhastApp desde otro dispositivo. Así lo determinó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), a requerimiento de la Justicia. Esto complica la situación judicial de Spagnuolo, que evalúa convertirse en testigo arrepentido y continúa sin abogado defensor.
En las últimas horas, el juez federal Sebastián Casanello dispuso el levantamiento del secreto de sumario en la causa para que las partes puedan a acceder al contenido completo de la investigación y permite al exfuncionario conocer en detalle las pruebas en su contra.
Durante el período de reserva, la Justicia avanzó con allanamientos, secuestros de documentación, dispositivos electrónicos y la recolección de testimonios relevantes. Uno de los procedimientos más significativos tuvo lugar en la caja de seguridad de Spagnuolo en el Banco BBVA, donde se encontraron 80 mil dólares y 2000 euros, pese a que el exfuncionario había declarado apenas 25 mil dólares al asumir el cargo.
Ahora, con el expediente abierto, Casanello y el fiscal Franco Picardi retomarán el análisis de la prueba recolectada. El foco inmediato estará puesto en las contrataciones entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker.
La firma concentró el 22% del volumen de una licitación por $24.000 millones y acumuló contratos por más de $55.000 millones con el organismo durante la gestión de Spagnuolo.
En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sigue analizando la legalidad y los precios de los contratos observados. Aunque todavía no se expidió, las sospechas giran en torno a supuestos direccionamientos y sobreprecios. (DIB)