La mujer está acusada de desviar 40 millones de pesos para beneficio personal, entre ellos pagar los resúmenes de sus tarjetas de crédito.
La sucursal San Pedro del Banco Nación.
FacebookLa Justicia federal dio un paso decisivo en la causa que investiga un millonario faltante de dinero en la sucursal de San Pedro del Banco Nación. El juez Carlos Villafuerte Ruzo ordenó el embargo preventivo de la vivienda y la inhibición general de bienes de la tesorera de la entidad, quien está acusada de desviar 40 millones de pesos para beneficio personal.
La funcionaria, de 36 años, y que solo se menciona como María Celeste N., fue imputada formalmente por el delito de peculado, una figura legal que castiga a los funcionarios que se apropian de caudales públicos y que contempla penas de hasta 10 años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La investigación, impulsada por la Fiscalía Descentralizada de San Nicolás, se apoya en evidencias contundentes. Las maniobras quedaron registradas en el sistema de videovigilancia del banco en dos momentos clave del año 2025. Uno fue el 31 de julio. En la grabación de ese día se observa a la imputada retirar dinero del "tesoro reserva", ocultarlo entre sus prendas en una bolsa de nailon y retirarse de la sucursal. Posteriormente, habría realizado movimientos contables ficticios por 10 millones de pesos para encubrir la salida.
En tanto, el otro fue el 8 de agosto. La acusada habría extraído fajos de billetes de 20.000 pesos del "tesoro libre" para entregarlos a un cajero y cancelar deudas personales de sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard por un total de 16 millones de pesos.
Además de los videos, la justicia cuenta con los comprobantes de pago de dichas tarjetas, cuyos montos y horarios coinciden con las extracciones detectadas.
La irregularidad salió a la luz el 16 de octubre de 2025 durante un arqueo preventivo. Al detectarse la inconsistencia, personal especializado de Pergamino y San Nicolás realizó un control integral que confirmó el faltante total de 40 millones.
Un testimonio clave en la causa relata que, el día del control, la tesorera se retiró de la sucursal. Ante su ausencia, una compañera le consultó por WhatsApp si regresaría, a lo que la imputada respondió: “Me voy a matar porque los arruiné, te quiero y no quise hacer mal a nadie, no sé lo que pasó”.
Por el momento, la sucursal bancaria permanece bajo intervención administrativa mientras la Justicia avanza con el análisis de los movimientos del tesoro. Con las medidas cautelares dictadas sobre su patrimonio, el magistrado busca asegurar que, en caso de una condena, el Estado pueda recuperar parte del patrimonio dañado por este presunto abuso de confianza y cargo público.
Fuente: Agencia DIB