La presencia de la Gendarmería Nacional hoy en la puerta de la distribuidora de productos de limpieza Lustramax, en Tortuguitas, con una orden de desalojo emitida por un juez penal elevó aún más la tensión en un conflicto laboral con todos los componentes posibles, desde empresarios que desconocen resoluciones oficiales asesorados por una senadora bonaerense hasta cortes diarios de la panamericana y que ya amenaza con transformase en un caso testigo del debate de la reforma laboral.
El conflicto estalló a mediados de diciembre: la empresa pidió el procedimiento preventivo de crisis alegando dificultades financieras y, poco después, avanzó con el despido de 29 trabajadores. La medida fue rechazada por los gremios -ha representantes de la izquierda y del Sindicato de Empleados de Comercio- y el dueño, Ezequiel Sosa, redujo los despidos a 15, entre ellos dos delegados de los trabajadores.
Hacia fin de año, la pelea escaló y un grupo de los trabajadores comenzó a cortar parcialmente la Panamericana como medida de protesta, con la planta ya tomada. También realizan paros y bloqueos. Sosa denunció que lo amenazaron de muerte y también amedrentan a otros trabajadores que, según el empresario, quieren seguir adelante con las actividades normalmente.
De otro lado, abogados vinculados al Frente de Izquierda denuncian que el empresario lleva adelante un lock out patronal y no respeta la Conciliación Obligatoria que dictó el ministerio de Trabajo provincial, además de asegurar que el paraguas del Procedimiento Preventivo de Crisis tampoco corre porque la medida no fue aceptada por falta de documentación respaldatoria.
En el cruce de argumentos, Sosa dijo que su fábrica está “tomada por la política” en referencia a los delegados de izquierda, y dijo que no reincorporará a los despedidos porque aterrorizan y amenazan al resto de los empleados para lograr sus demandas, entre las que citó la exigencia de realizar un asado por mes para los trabajadores o pagarles el alquiler de canchas de paddle.
Los sindicatos argumentan que en los balances de Lustramax aparece una situación financiera que no justifica los despidos y que, en realidad, se trata de un plan para recortar derechos laborales que incluye la falta de pago del aguinaldo, de las obras sociales, del bono de fin de año. Además de aumentar la jornada laboral sin pagar horas extras.
Sosa, a raíz de las amenazas que dijo recibir, dijo que duerme en su fábrica hace cinco días. “Tengo que cuidar lo que es mío”, declaró. A la vez, presentó una demanda fuera de la justicia laboral, en los tribunales penales donde consiguió una orden de desalojo de la planta que los gremios ya anunciaron que apelarán.
Los cruces de Arietto y Bregman
El conflicto, además de al estado bonaerense, los gremios y los sindicatos, involucra a los partidos políticos. La senadora provincial libertaria Florencia Arietto, una de las fundadoras de Movimiento Anti Bloqueos, apuntó contra los trabajadores que protestan: “hay 200 familias en peligro (el total de los trabajadores) por 10 parásitos de la izquierda ”, a los que calificó de “usurpadores promovidos por Miryam Bregman.
“El problema es que acá la Justicia en 24hs consiguió una orden de un juez penal porque alguien intervino, entonces esto es lo grave, que de un conflicto laboral que estaba muy claro, ella empieza a envalentonarse y a conseguir apoyos. Esto se va a apelar, la orden del juez no está firme...Es la orden que ella muestra en la tele, que dice que hay una turbación de la propiedad, pero no considera que hay un conflicto laboral, hay una maniobra en la denuncia penal que ella hace", manifestó Bregman.
En medio del conflicto, desde el FIT sacaron a relucir la historia del Movimiento Anti Bloqueos, uno de cuyos primeros casos fue el de Lácteos Vidal, la empresa de Carlos Casares que enfrentó un bloque de Camioneros en el que su dueña Alejandro Bada Vásquez fue defendida por Arietto. Tiempo después, la compañía quedó envuelta en el escándalo por ser vehículo de un posible aporte de fondos del presunto narco Fred Machado a la campaña electoral de Patricia Bullrich en 2023, cuando aún era parte de PRO.
