Luego que el presidente Javier Milei vetara por completo la Ley 27.790, sancionada por el Congreso el 4 de junio, que declaraba la emergencia y catástrofe en Bahía Blanca y Coronel Rosales por 180 días y disponía una serie de medidas de asistencia financiera a los damnificados por la inundación trágica del 7 de marzo, se desató una serie de polémica con cruces entre diversos dirigentes.
La norma disponía, entre otras cuestiones, la creación de un Fondo Especial de $ 200.000 millones para la asistencia de los damnificados la reconstrucción de las áreas afectadas. Sin embargo, la administración libertaria justificó el rechazo al asegurar que envión fondos por ese total y que el proyecto de ley aprobado en su momento no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento.
“El Gobierno Nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados. También brindó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al municipio, lanzó tres líneas de financiamiento desde el Banco Nación, completó nueve vuelos cargados de insumos y medicamentos, envió ambulancias y un hospital móvil y desplegó los recursos de las fuerzas federales para rescatar a 716 personas”, escribió el vocero presidencial, Manuel Adorni.