Por Andrés Lavaselli, de la redacción de DIB
Nelson Sombra (Unión por la Patria) llegó a la intendencia de Azul en diciembre, tras dos mandatos de Hernán Bertellys, quien no pudo aspirar a la reelección tras perder la interna de Juntos por el Cambio luego de un periplo político complejo: había accedido al cargo en 2015 con el sello del Frente para la Victoria y a los pocos meses se pasó al macrismo.
En diálogo con la agencia DIB, Sombra cuenta la principal dificultad de esa transición, advierte sobre los efectos de las políticas nacionales en su distrito y apunta a sectores locales que traban medidas para compensarlas. El alcalde, parte de la camada de nuevos intendentes peronistas del interior provincial, asegura que no tiene interlocución con el Gobierno nacional para cuestiones vitales de la ciudad como el Futuro de Fanazul. Y se diferencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en materia de Derechos Humanos.
¿Cómo fue la transición en Azul?
Positiva, con mucho diálogo y predisposición de las dos partes. En ese sentido no hubo problemas, pero cuando uno arranca la gestión también empieza a descubrir algunos otros inconvenientes, que son evidentes.
¿Cuáles?
Fundamentalmente, el desorden con el empleo público, la discrecionalidad a la hora de otorgar beneficios salariales, horas extra, funciones, disponibilidad. La implicancia es la quita de colaboración, el desgano, de un montón de trabajadores que no se han beneficiado por el dedo político de quien estaba de turno.
¿Va a haber desafectaciones?
En principio sí. No tiene que ver con una cuestión ideológica, sino con una cuestión social, humana, comunitaria. El problema es la naturalización de la situación de no venir a trabajar. A los que ya hemos notificados es por esa cuestión.
¿Cómo impacta en Azul en plan económico nacional?
Creo que aún no ha llegado con la profundidad evidente que tienen las medidas. Pero en los sectores más vulnerables empiezan a aparecer complicaciones. Se encarece el alimento, básicamente, que es lo que ocurre primero. Después, en Azul la mitad tiene trabajo y la otra mitad trabaja para el que tiene trabajo. Entonces, cuando se empiezan a achicar gastos familiares eso deriva en la exclusión de una gran parte de la ciudadanía.
¿Impacta en los indicadores sociales?
Muchas más familias se acercan al área de asistencia social. Aumentó la demanda de asistencia alimentaria.
Azul está en zona fría: muchos intendentes están advirtiendo que el corte del descuento podría agravar la situación cuando lleguen los aumentos.
El tema del gas, y del gas envasado en particular, para nosotros es un tema muy importante. Porque ya nos ha pasado, en general cuando hay estas políticas de capitalismo liberal sucede, que hay una gran parte que no puede pagar la tarifa de gas, se le saca el medidor y pasa a tener gas envasado. Sabemos qué es lo que viene. Son recursos esenciales. El gas, la luz y el agua hay que garantizarlos. Estamos tratando de idear un programa municipal para poder garantizar el acceso al gas envasado. Ojalá lo podamos terminar antes de que llegue el invierno.
¿Los municipios tienen espalda para proteger de los efectos del ajuste a sus ciudadanos?
Cada municipio tiene sus características, puntualmente el nuestro no. Hay otros que habían venido haciendo mejor trabajo, pueden estar mejor preparados, aunque igual no creo que les alcance. Dimos una discusión muy de fondo apenas asumimos que tuvo que ver con cambiar la matriz tributaria del distrito, donde involucramos al inmueble rural para financiar servicios esenciales, la cultura y el deporte. Pero es un conflicto político que está vigente y no se manifiesta la voluntad de pago como a nosotros nos gustaría. Hay productores que ya pagaron, en honor a la verdad hay que decirlo, pero una gran mayoría todavía pretende judicializar esta decisión como si esto fuese un DNU, y aquí se votó. En el CD fue aprobada, incluso por la asamblea de mayores contribuyentes. Es decir que más democrático que el gobierno nacional.
¿El gobierno nacional no es democrático?
Me parece que establecer un DNU de la manera que lo ha hecho pierde la esencia la democracia.
¿Cómo es la relación con el Gobierno?
En todo lo que refiere a recursos nacionales, hasta ahora no hemos logrado tener diálogo directo con funcionarios. Sí estamos siendo contenidos y asistidos por el gobierno de la provincia.
Temen que con la posibilidad de las privatizaciones que plantea la “ley ómnibus” pueda volver el conflicto en Fanazul?
Hay mucha preocupación, lógicamente. Y acá se ven las particularidades de los distritos, porque a veces no hay cuestiones ideológica lineales: acá han participado los concejales de La Libertad Avanza acompañando el reclamo de los trabajadores y la preocupación de todos los vecinos de Azul por lo que significa un nuevo embate contra Fabricaciones Militares. Si vuelve a cerrar Fanazul son 100 millones de pesos menos en la despensa, en la verdulería, en el mercado interno.
¿El Gobierno no les dice nada?
No sabemos nada. Nos vamos enterando cosas a través de los medios. Por eso estoy expectante de las declaraciones de la vicepresidenta (Victoria Villarruel) que visita el distrito, ojalá que hable de Fabricaciones Militares [NdR: esta entrevista se realizó el viernes pasado, horas antes de la llegada de la vicepresidenta a Azul, donde reivindicó a los militares y civiles asesinados en el ataque al cuartel local por parte del ERP, hace 50 años. No mencionó a Fanazul en su discurso oficial, tampoco lo hizo el ministro de Defensa, Luis Petri].
La vicepresidenta tiene una mirada particular respecto de la política de DD.HH. ¿Qué opinión tiene de eso?
La mirada de la vicepresidenta Villarruel también se condice con la de un montón de vecinos y vecinas que todavía siguen reivindicando el golpe, a Videla… Todo lo que el mundo celebra y admira en materia de Derechos Humanos de Argentina, hay una porción de la sociedad que todavía ‘no la ven’, como dicen ellos. Dista mucho de nuestra mirada.
¿Cuál debe ser la posición de un intendente en la discusión de la provincia con Nación por los fondos no coparticipables?
Yo creo que cualquier intendente en una situación crítica se va a poner a defender los intereses de su comunidad. A no ser que algún trasnochado crea otra cosa. Más en distritos como los nuestros: acá no somos anónimos. La provincia es la que más aporta y se le devuelve la mitad. Espero que esto no se torne una puja política del gobierno nacional para desestabilizar a la provincia más grande.
¿Cree que más allá de la cuestión fiscal que declara Milei puede haber un plan político de desestabilización?
No lo estoy aseverando. Estoy diciendo ojalá que no. (DIB) AL / GML