La jueza federal María Gabriela Marrón, que tiene a cargo la causa por la muerte de Facundo José Astudillo Castro, rechazó casi todas las medidas de prueba que pidieron hace algunos días dos fiscales del caso, con duros términos sobre la estrategia. “Es fácil creer que fue la Policía, pero se necesitan pruebas”, afirmó la magistrada.
La jueza, en una resolución citada por medios locales, instó a que investiguen por su actuación en el caso al perito Marcos Herrero -presentado por la familia del joven- cuyos perros fueron los únicos que encontraron el amuleto en el destacamento de Teniente Origone y restos de un colgante que serían de Facundo, en el baúl de un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca.
Los fiscales Horacio Azzolín y Andrés Heim (el doctor Santiago Martínez, investigador de origen, no acompañó el planteo) habían reclamado un nuevo allanamiento en el destacamento de Origone, el secuestro de 46 celulares de la cadena de mando policial (Villarino y Bahía Blanca), entre otras medidas. Tras el rechazo de la jueza Marrón, preparan una apelación para ir a la Cámara Federal.
Acto “ilegal”
“La estrategia (de los fiscales) se asemeja a una auténtica ‘excursión de pesca’ lo que es inaceptable en un Estado de Derecho. Se trata de un acto ilegal, desproporcionado, que vulnera, sin eufemismos, garantías constitucionales”, afirmó Marrón en la resolución.
“Las pretensiones de la fiscalía deben someterse a un juicio imparcial, lógico, razonable, asentado en la evidencia. Más allá de lo que las partes, en sus aspiraciones individuales, crean o digan que ocurrió, los hechos se fijan y se establecen a partir de la prueba como regla básica”, sostuvo la jueza. Consideró que la convicción “tiene que ser fundada” y “no puede ser caprichosa, provenir de un antojo o de la mera voluntad de alguien”.
Además, Marrón sostuvo que la postura de los fiscales Heim y Azzolín nace de una visión “vaga, abstracta y poco profunda o bien fueron formuladas incorrectamente”. “De las hipótesis desarrolladas por los acusadores no se reconstruye una teoría del caso coherente, lógico, razonable y completo para esta altura de la investigación”, aseguró. y agregó que los mensajes de los teléfonos que borraron algunos de los policías, considerados “sugestivos o llamativos”, no tienen “nada de anormal”.
“Es algo común, que mucha gente hace. Los teléfonos poseen información sensible de nuestra privacidad, intimidad y a la vez, son objetos fáciles de extraviar, hackear, pasibles de ser hurtados o robados, o revisados sin autorización por otra persona. El borrar un mensaje no convierte a alguien en sospechoso de un delito ni pone en riesgo su inocencia”, detalló.
En esa línea, consideró directamente que “los fiscales están invirtiendo la carga probatoria”. “Sospechan o les parecen llamativos hechos comunes como desinstalar una aplicación de un celular infiriendo de ello que algo ocultan o esconden, pero sin decir en concreto qué es, supuestamente, lo que hicieron estas personas”, explicó.
“Ser policías no los vuelve culpables”
“El dictamen (de la fiscalía) omite el análisis de muchos otros elementos: testimonios, informes, pericias, etcétera. El resultado de la autopsia es una prueba científica, que ha sido contundente en varios aspectos. Las teorías que avizoran o expresan los titulares de la acción penal pública no se condicen ni se conectan con las conclusiones de la autopsia, ni con el resto de la prueba”, afirmó Marrón.
Consideró que las medidas no se pueden hacer “por las dudas”, “para ver qué encontramos”. “La libertad de producir prueba no resulta una patente de corso para aventuras o intromisiones en la vida de las personas, sus papeles, sus comunicaciones, su privacidad, ni habilita prácticas de injerencias ilegítimas”.
“No escapa al tribunal los abusos policiales cometidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que son muy graves y que deben ser investigados. Las personas involucradas en el pedido fiscal pertenecen a esa fuerza de seguridad, lo que no admite hacer caer sobre ellos todo el desprestigio de la fuerza a la que pertenecen, sólo deben dar cuenta de sus acciones frente a una imputación penal valida, no debemos abrir las puertas a la persecución y la venganza. No pueden ser ‘chivos expiatorios’”, afirmó la jueza.
“El reclamo social es entendible. Es fácil para la sociedad creer que haya sido la Policía. Pero el juez del caso necesita prueba. Perseguir a esas personas o invadir su intimidad sin pruebas, porque son policías, por su condición, es aplicar el Derecho Penal de Autor. Ser policías no los vuelve delincuentes ni culpables”, cerró Marrón. (DIB) MM