El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, exigió “explicaciones” tanto a las autoridades de la provincia de Buenos Aires como al intendente de la localidad de Morón, Lucas Ghi, a partir de una nota que trascendió en medios de comunicación en la que se afirma que el Gobierno está “empecinado en negar o justificar el terrorismo de Estado". Es en el marco de una actividad que se realizará en el distrito con motivo del 50º aniversario del Golpe de Estado de 1976, y en la que se solicita a las familias que enviaran a las escuelas pañuelos blancos intervenidos con frases relativas a la fecha. Así, el ministerio habla de “adoctrinamiento de los estudiantes”.
Según un comunicado de la cartera que conduce Sandra Petovello, “de acuerdo con el documento en circulación, cuya autenticidad debe ser verificada con precisión, la Directora de Educación del Municipio solicitó a las instituciones educativas que las familias enviaran un pañuelo blanco intervenido con frases, nombres o símbolos, para realizar un trabajo didáctico en el marco de una actividad que se desarrollará el próximo 22 de marzo, incluyendo en la consigna la expresión dirigida a los niños: ‘Frente a un gobierno empecinado en negar o justificar el terrorismo de Estado’”.
“Lo trascendido podría enmarcarse en un hecho de adoctrinamiento partidario en un contexto escolar, en el que una funcionaria pública promovería la transmisión de posicionamientos político-partidarios a los estudiantes”, se afirmó desde el Gobierno.
El texto continúa: “Este tipo de situaciones podría afectar la integridad psicológica de los estudiantes, el derecho a una adecuada educación cívica y el libre desarrollo de su pensamiento”.
“Libertad de pensamiento”
El Ministerio de Capital Humano recordó en el comunicado varias leyes y convenciones que reconocen el derecho de niños y jóvenes a la “libertad de pensamiento y expresión”. Se citó a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley N° 26.206 de Educación Nacional.
Además, se recordó la Ley N° 26.892 de Promoción de la Convivencia en las Instituciones Educativas y el Decreto 415/2006, reglamentario de la Ley N° 26.061, así como el Decreto 1086/2024, que incorporó “disposiciones vinculadas a la protección de la libertad de pensamiento de niños y adolescentes”, y establece además que “la imposición de posicionamientos político-partidarios en el ámbito educativo vulnera su dignidad, su integridad personal y sus derechos a la educación y la libertad”.
Pedido de investigación
De ese modo, Capital Humano solicitó que “se informe si se inició una investigación para esclarecer los hechos; qué medidas se adoptarán respecto de las autoridades que habrían permitido u organizado las actividades; con qué mecanismos cuenta el ministerio provincial para prevenir o sancionar situaciones de adoctrinamiento político-partidario; si existieron denuncias similares; y qué protocolos se aplican o se aplicarán para garantizar el pluralismo y la libertad de pensamiento en los establecimientos educativos”.
Fuente: Agencia DIB
