Ocurre cuando recrudecen los incendios forestales en el sur. El agravamiento de penas se incluirá en la reforma del Código Penal.
Luego de las críticas por el desfinanciamiento de los equipos encargados de combatir los incendios forestales, el gobierno decidió impulsar un aumento de las penas para quienes sean entrados culpables de iniciar intencionalmente el fuego.
La estrategia que por estas horas estudia el gobierno es incluir el agravamiento de los castigos en el proyecto de reforma del Código Penal que enviará en breve al Congreso, aunque aún no está claro cuántos años se agregarían a las eventuales condenas.
Actualmente, el Código Penal estipula penas de prisión o reclusión de entre 3 y 10 años, cuando el fuego afecta determinados bienes rurales o productivos, como bosques, montes, cultivos, viñedos, olivares, cañaverales, yerbatales, ganado o productos agrícolas.
El hecho de que el agravamiento de las penas sea incluido en la reforma del Código implica que no estará vigente durante esta termporada de incendios.
El gobernador de Chubut, donde se desarrollan la mayoría de los incendios este verano, pidió que los culpables “estén presos tantos años como tarda en recuperarse en bosque nativo”, y consideró que también debería incluirse la figura de “ecocidio” en la Legislación, algo que fuentes de la Casa Rosada descartó, según fuentes citadas por el sitio MDZ.
Los incendios, que ya arrasaron más de 20 mil hectáreas en la Patagonia, generaron reproches al gobierno nacional por el financiamiento del sistema de control del fuego, incluyendo los sueldos de los brigadistas, que rondan los $800.000.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina estimó que en 2024 la ejecución presupuestaria fue un 81% menor (en términos reales) que en 2023, con recortes proyectados que se consolidarían en 70,8% para 2025 y 70,7% para este año. La web especializada en periodismo ambiental Erverde precisó que esos recortes “limitan la capacidad de respuesta, la compra de equipamiento y la contratación de brigadistas para la temporada de incendios”.
Por su parte, el gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hizo un repaso de los recursos que movilizó para apagar las llamas -que en varios puntos destruyeron las viviendas de los pobladores- y agradeció “el accionar heroico” de los brigadistas, aunque no hizo referencia a los recortes.
La supuesta autoría intencional de los incendios -o al menos algunos de ellos- también generó cruces. El ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, denunció en su cuenta oficial de X que “los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”.
Sin embargo, el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Meyer negó que existieran tales indicios, aunque aclaró que no se descarta ninguna hipótesis y confirmó la presencia de acelerantes del fuego en uno de los focos, lo que indica que fue intencional.
En el marco de las sospechas sobre los fines que podrían perseguir quienes estén detrás del fuego, el gobierno anunció que derogará una modificación de la Ley Nacional de Manejo del Fuego que impide cambiar el uso de terreros afectados por entre 30 y 60 años, cuyo autor había sido presentada por el diputado Máximo Kirchner.