Familiares celebraron la aprobación. Padres y madres de chicos se manifestaron frente al Congreso por la ley de Discapacidad.
Los padres de niños con capacidades diferentes se manifestaron desde temprano frente al Congreso para que sea ratificada la ley de Discapacidad, lo que finalmente ocurrió.
El debate legislativo sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad tuvo una escena paralela en las calles: frente al Congreso, familias de personas con discapacidad se concentraron para reclamar el fin de los recortes y exigir la plena aplicación de la norma.
La ley que finalmente aprobó el Senado ratifica la emergencia hasta diciembre de 2027, actualiza el sistema de certificación, garantiza la compatibilidad de pensiones con empleo formal y asegura la continuidad de prestaciones básicas mediante la actualización mensual de aranceles.
Además, prevé beneficios impositivos para prestadores, refuerza el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad y promueve instancias de consulta con organizaciones del sector.
Entre los manifestantes se encontraba Jorge, padre de Catalina, una niña de 6 años con autismo sin habla. “Tiene cuatro tratamientos más una maestra integradora. Perdió la fonoaudiología y la estimulación temprana por los recortes del Gobierno. Ahora nos quedamos sin maestra”, explicó en un móvil televisivo, con la voz quebrada. Contó que su hija “venía progresando” y advirtió que los chicos “retroceden cuando pierden a sus profesionales”. “Es algo que te angustia”, señaló.
Brenda, la madre de la niña, agregó que la falta de una maestra integradora dejará a su hija en desventaja al comenzar primer grado. “Ya nos dijeron que están perdidos los tres meses que faltan de escuela. Cata va a sufrir, porque no puede escribir ni prestar atención”, lamentó. Según explicó, el Ministerio de Educación tampoco ofreció una alternativa rápida: “Tardan mucho en asignar vacantes en escuelas especiales y no la dejan repetir salita de 5”.
El reclamo también estuvo atravesado por testimonios de familias con hijos mayores. Mariana, madre de Lucía, de 25 años, denunció la falta de apoyo estatal. “Me tocó tener una hija con discapacidad motriz y mental por problemas de depresión. Como argentina me siento defraudada por mi presidente”, dijo, en referencia a Javier Milei. “Yo te voté, muchos padres te votamos. Pero también te podemos sacar. No es justo”.
La mujer cuestionó los montos de las pensiones no contributivas: “Mi hija cobra 230 mil pesos y una senadora dijo que eran 280 mil. ¿El resto dónde está? Es hermoso hablar de ahí adentro, pero les puede tocar también a ustedes. Fíjense si tienen alma”.
“Venimos a pedir que se respeten los derechos de nuestros hijos. No podemos seguir peleando cada mes para que les cubran un tratamiento que ya está contemplado en la ley”, expresó una de las madres presentes, que destacó la falta de respuestas de las obras sociales y prepagas.
La agencia DIB estuvo en la plaza de los Dos Congresos donde uno de los familiares manifestó que la burocracia es uno de los principales obstáculos: “Cada trámite es una odisea. Nos hacen presentar papeles una y otra vez, y mientras tanto los chicos se quedan sin terapias o sin acompañantes escolares”.
Los familiares advirtieron además que la situación económica agrava el panorama. “Los costos suben y muchas prestaciones terminan siendo imposibles de sostener. Hay familias que tienen que endeudarse para pagar tratamientos básicos”, relató un padre que participaba de la protesta.
El reclamo, que viene repitiéndose en distintos puntos del país, apunta a visibilizar la urgencia de garantizar el acceso a prestaciones de salud, educación y transporte. “No pedimos privilegios, pedimos derechos”, resumió una de las voceras de la concentración.
El clima de la manifestación estuvo marcado por la indignación y el cansancio de familias que aseguran luchar contra una burocracia interminable para sostener derechos básicos.
Las denuncias de pérdida de terapias, ausencia de maestras integradoras y falta de cobertura son parte de una problemática que, aseguran, se agudizó en los últimos meses.
El texto que se discute en el Senado incorpora reformas en leyes clave del área, con el objetivo de redefinir el concepto de discapacidad conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También busca garantizar financiamiento adecuado de las pensiones y establecer mecanismos de control parlamentario sobre la ejecución presupuestaria.
