La expresidenta Cristina Fernández de Kirichner realizó hoy, a través de sus abogados, una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Nacionales Unidas, en el que pide que se suspenda la inhabilitación para ejercer cargos públicos que fue parte de la condena en la llamada Causa Vialidad para poder ser candidata en las elecciones del año próximo. Además, requirió que se complete la conformación de la Corte Suprema, hoy con tres miembros, y que se morigere la prisión domiciliaria.
La presentación es una “Comunicación Individual”, habilitada por el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que permite que cualquier ciudadano individual denuncie violaciones contra sus derechos una vez que se agotaron las instancias en la justicia local, como ocurrió en el caso de Cristina Kirchner en la “Causa Vialidad”, cuya condena fue ratificada el año pasado por la Corte Suprema cuando rechazó un recurso de queja que había planteado su defensa, lo que a su vez dio lugar a la prisión domiciliaria de la Expresidenta.
Los abogados que representan a Cristina, Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego -estos últimos dos expertos internacionales que se sumaron al equipo para este caso- explicaron que se trata del pedido de tres medidas cautelares, una contra la inhabilitación electoral, otra por la conformación de la Corte y la última por la domiciliara. Por la naturaleza del recurso debe ser resuelto en cuestión de meses por el Comité de la ONU, a diferencia de lo que ocurriría con una revisión del “fondo” del fallo, que podría durar años.
En una conferencia de prensa realizada en el Hotel NH, de Buenos Aires, los abogados explicaron que las decisiones del Comité son “vinculantes” y deben “ser cumplidas por el Estado” argentino, aunque fueron cautos respecto de su eso puede implicar una revisión automática de la condena contra Cristina, ya que la decisión de la justicia local no se anula de manera automática sino que abre una puerta para iniciar un proceso ante los tribunales locales que exigirá “paciencia”. Beraldi dijo que lo primero es “esperar a que haya novedades internacionales”.
Los abogados aclararon que la vía elegida es estrictamente documental —“no hay espacio para declaraciones”— y que la comunicación se circunscribe únicamente al caso de la Expresidenta, aunque el resto de los condenados podría usarlo como precedente. Borrego marcó, además, que el Comité de Derechos Humanos de la ONU debería reunirse en octubre; sin embargo, "como consecuencia de la retirada de fondos" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2025 "se ha reunido dos veces", en vez de las habituales tres.
El letrado español, un catedrático que integró el Tribunal Supremo español, lanzó una variante hasta ahora poco mencionada al considerar que, según él, Cristina podría presentarse a las primarias, aun con la prohibición para ejercer cargos vigente. "A las elecciones del sistema PASO Cristina Kirchner se podría presentar", señaló, tras cuestionar la inhabilitación al sostener que las primarias "en un principio no son para un cargo". El letrado agregó que “si se postula, el respaldo electoral puede ser difícil para la oposición”.
En ese marco, Máximo Kirchner dijo que con su presentación Cristina “mostró su voluntad de participar en la vida política argentina”, algo que ella misma había puesto sobre la mesa en un escrito que difundió esta mañana en sus redes sociales y que publicó en medios internacionales. “Cualquiera que quiera ser candidato puede serlo; Cristina no. Nosotros queremos que sea Cristina y ella está demostrando, incluso en esta carta que publicó y en todos los lugares, su vocación de querer participar en la vida política argentina”, dijo Máximo a una radio.
¿Qué dijo el gobierno?
En paralelo, el gobierno reaccionó a la novedad a través del canciller Pablo Quirno. “Cristina hará todas las presentaciones que quiera realizar”, sostuvo Quirno en una entrevista radial, y agregó que todos “somos libres de hacer lo que la señora Kirchner pretende hacer”. El canciller remarcó que la expresidenta “ha sido juzgada y condenada". Con esa frase, el funcionario buscó despojar de sustento jurídico al planteo que CFK elevó horas antes ante el organismo internacional.
¿Cuál es el corazón del planteo legal de CFK?
El escrito presentado por la defensa de Cristina enumera ocho artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, según la defensa, fueron vulnerados durante el proceso judicial. Entre ellos, el derecho a votar y ser elegido (artículo 25), afectado por una inhabilitación perpetua que los abogados consideran una proscripción electoral; el derecho a un juicio justo (artículo 14), por atribuirle a CFK responsabilidad sobre actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente, a partir de la firma del Decreto 54/2009; el derecho a un tribunal independiente e imparcial (artículo 14.1), por presuntos mecanismos irregulares de asignación de causas y jueces con vínculos personales con dirigentes opositores; la presunción de inocencia (artículo 14.2); el derecho a tiempo y medios adecuados para la defensa (artículo 14.3); el derecho a la doble instancia (artículo 14.5), porque la Cámara de Casación no habría examinado realmente los agravios de la defensa; la prohibición de doble juzgamiento o ne bis in idem (artículo 14.7), dado que 49 de las 51 obras públicas de la causa ya habían sido archivadas o sobreseídas en investigaciones anteriores; y el derecho a un recurso judicial efectivo (artículo 2.3), en referencia a la actual integración de una Corte Suprema de solo tres miembros.
Beraldi resumió el núcleo del planteo al remarcar que a Cristina Kirchner “la responsabilidad se la atribuyen por el decreto 54 del año 2009, que es el único elemento por el que ella es encontrada culpable”. “No la condenaron por las obras, sino por dictar un decreto que está vigente”, sostuvo, y agregó que se trata de “un criterio personal el que se le aplica”, ya que la expresidenta “nunca administró el patrimonio de la Dirección Nacional de Vialidad”.
¿Quiénes son los abogados internacionales de Cristina Kirchner?
Al frente histórico de la defensa, Alberto Beraldi, se sumaron dos juristas de trayectoria internacional en derechos humanos. Rafael Valim es abogado y profesor de Derecho Público, doctor y máster por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, con más de veinte años de trayectoria académica en Derecho Constitucional y Administrativo. Estuvo detrás de la defensa de Lula da Silva. Litiga ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, fue profesor visitante en universidades de Europa y América Latina —entre ellas Manchester y Rouen— y es autor de libros sobre lawfare y estados de excepción, entre ellos Lawfare: Waging War Through Law. Javier Borrego, por su parte, es abogado por la Universidad Complutense de Madrid y tuvo un extenso recorrido en la función pública española vinculado a los derechos humanos: fue agente del Reino de España ante los órganos europeos e internacionales de derechos humanos, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo español.
Fuente: Agencia DIB.
