Axel Kicillof se resignó a perder un récord de gestión que hasta ahora había ostentado con orgullo: después de seis años en los que las clases comenzaron en tiempo y forma en la provincia, el próximo 2 de marzo los paros docentes postergarán el inicio al menos 24 horas, producto de la falta de acuerdo en la paritaria bonaerense, pero también de reclamos al gobierno nacional. En términos políticos, el desafío para el gobernador consiste en resolver el intríngulis de cómo evitar que el conflicto escale, pero en un marco de estrechez financiera extrema que angosta sus herramientas de negociación.
Como se anticipó aquí hace un mes, la “pax sindical” que Kicillof compró con el aumento de enero era frágil. Su continuidad dependía de un nuevo aumento en febrero que mejorara lo obtenido entonces, pero la oferta que pudo hacer el Ejecutivo estuvo entre 1,5 y 2 puntos por debajo de lo que reclamaban los gremios, tanto docentes como estatales. El gobernador supo antes que se formalizara que habría rechazo y de inmediato activó un esquema para diluir el impacto, alertado porque la vuelta del paro es una oportunidad para el aprovechamiento retórico por parte de Javier Miliei.
Kicillof avanzó en principio con dos medidas, consensuadas con la dirigencia gremial: dispuso un adelanto del 1,5% a cuenta de futuros aumentos para que los agentes públicos no cobren menos este mes que el anterior, y evitó cerrar por decreto la paritaria, lo que deja margen para que la negociación no se interrumpa. Sus negociadores, además, les pidieron a dirigentes de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB) que el paro no sea por más de 24 horas. Es lo que terminó aprobando, después, la asamblea de esa organización
La dirigencia sindical sabe que la próxima fecha límite de esta pulseada es el 13 de marzo: ese día se liquidan los sueldos y si hasta entonces no se logró un entendimiento, la tensión crecerá. Pero el gobierno se fijó otro cronograma, más exigente: “queremos un acuerdo lo antes posible, si es antes del dos de marzo, mejor”, dicen. La intención es dar una señal que evite que algún gremio más se sume al paro de FEB y el conflicto se generaliza, algo que hasta ahora no ocurrió, aunque todos rechazaron la propuesta de aumento. SUTEBA transita un gris: realizará una medida de fuerza, pero contra la política educativa de Milei, en el marco de una protesta nacional por la caída del Fondo de Incentivo.
La premura de Kicillof tiene una explicación adicional, menos visible pero igual de imperiosa: quiere dar una señal a la policía de la provincia, que por razones legales tiene vedada la negociación paritaria, pero entre cuyos efectivos hay tanta preocupación por el nivel de los sueldos como entre los docentes y el resto de los estatales. Está claro que la crisis policial que tuvo en vilo estos días a Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe, no pasó inadvertida en el palacio de Calle 6. También pesa el recuerdo de la rebelión de la Bonaerense en 2020, que se controló con fondos nacionales que después Milei le recortó a la provincia.
Una de las complejidades de la trama radica es la imposibilidad de Kicillof de mejorar la oferta económica hasta el nivel que los gremios pretenden. Hace unos días, el gobernador recibió la última actualización del monto de la deuda que le reclama a Nación: da $15 billones. Lo usará como argumento para atribuir a Milei la imposibilidad de pagar mejores salarios. Pero sabe que eso difícilmente alcance para contentar a los estatales. Pero eso, ya existe un Plan B: la idea es compensar lo salarial con viejas demandas no satisfechas hasta ahora, como ascensos y recategorizaciones. Es una maraña, porque cada sector se rige por una ley aparte y tiene un régimen de trabajo diferente. Y es un tipo de medida que de todos modos demanda inversión. Pero la clave es que el gasto aquí es más secuenciado y, por lo tanto, manejable.
La tensión con los gremios tiene un correlato político doble, con impacto para Kicillof, pero también con costo para la dirigencia de esas organizaciones. La conducción de la alguna de ellas está alineada con el proyecto presidencial del gobernador -en especial ATE y el Suteba de Roberto Baradel. Y todas lo prefieren al menos como “mal menor” a Milei. Eso ha hecho que sean contemplativas en las negociaciones. Pero, a la vez, la buena sintonía las expone a crecientes cuestionamientos de sectores disidentes internos, que con modales a veces bruscos vienen exigiendo más dureza. La modalidad de las reuniones virtuales con los funcionarios del gobierno es un reflejo de esta dinámica: cuentan que fue un pedido de dos dirigentes históricos, después de que tuvieran que soportar agresiones verbales de miembros de sus propias organizaciones cuando llegaban al ministerio de Trabajo para discutir salarios.
Para Kicillof no se trata solo de cuidar la marcha de un sector de la gestión de alto impacto en la opinión pública como la educación, donde las huelgas tienen una incidencia directa en el humor social que solo es comparable con los casos de inseguridad y los problemas de acceso a la salud. También implica cuidar a una dirigencia que, al menos en parte, forma parte de los batallones que alista para la acumulación de poder que sostenga su proyecto nacional.
Fuene: Agencia DIB.
