En silencio, el ministro de Economía, Luis Caputo, habilitó hace unas horas una medida de urgencia que intenta evitar que la extrema estrechez financiera que complica a la mayoría de las provincias degenere en crisis de gobernabilidad: les aseguró financiamiento inmediato a tasas convenientes, a través de adelantos de coparticipación. Pero Axel Kicillof, que viene de denunciar que Nación “asfixia” su Tesorería, ni siquiera pidió ser incluido en esa ayuda: una contradicción solo aparente detrás de la cual asoma la lectura de la coyuntura política que guiará los próximos pasos del Gobernador.
“La mayoría lo va a usar para pagar sueldos ”: así respondió un funcionario del equipo económico a una pregunta de DIB sobre el destino que los gobernadores beneficiados darán a los adelantos que comenzarán a llegar a sus arcas por estas horas. Ese dato, sumado a la extensión de la ayuda y la variedad de filiaciones políticas de los receptores -12 mandatarios, algunos aliados de Javier Milei como el mendocina Alfredo Cornejo, otros adversarios como el riojano Ricardo Quintela- asume de forma implícita la profundidad de los efectos de la caída de la actividad productiva en el interior del país.
Economía terminó de activar el mecanismo luego de que ARCA confirmó que en marzo se produjo la cuarta caída consecutiva (medida en términos reales) de la recaudación impositiva: 4,5% para ese mes, una cifra que se eleva al 7,5% para lo que va de 2026. Hay que tener en cuenta que esos números son un promedio que oculta una desigualdad, porque la plata que queda para Nación bajó un 8% mientras que lo que gira a las provincias cayó 6,5%. Pero también considerar que, para los estados subnacionales, que tienen más tareas directas a cargo que la Casa Rosada, y menos recursos de financiamiento, el riesgo que implica la merma es más urgente.
Contra lo que informaron algunos medios en los que se habló de una inexistente “discriminación” en este punto, Kicillof no fue excluido del rescate por la Casa Rosada. Por el contrario, el Gobernador ordenó no solicitar la ayuda, por la que se repartirán unos 400 mil millones de pesos a una tasa del 15% anual, muy por debajo de la del mercado. Lo interesante es entender cuál es el objetivo de ni siquiera intentar recibir ese financiamiento barato. Lejos de los micrófonos, un ministro bonaerense lo explica así: “ queremos que quede claro que el problema no es que Axel gestiona mal, sino que Milei sostiene su superávit con lo que le quita a provincias y a los jubilados”.
El movimiento dista de ser lineal, e implica riesgos. En principio, porque n ada indica que Kicillof no se vea forzado a reclamar la ayuda que hoy rechaza en poco tiempo más. El Gobernador sabe que en abril se paga el último tramo del último acuerdo salarial con los empleados públicos y que lo esperable es que los gremios, que vienen de aceptar una merma del 5% en el poder de compra en 2025, vuelvan a exigir una suba. ¿Con qué responderá una provincia que viene de convocar a los intendentes para anunciarles que no habrá respuesta positiva a ninguno de sus pedidos para mejorar los programas de gobierno si ello entraña aumentar siquiera un peso la inversión ya prevista?
Pero Kicillof evitó pedir ayuda porque en su lógica exponer las debilidades del plan de Caputo implica poner en agenda lo que el considera el flanco más débil de Milei hoy: la situación económica. En Calle 6 son reacios a las encuestas, pero adhieren a la lectura generalizada de la mayoría de los consultores que indica que el origen de la caída de la imagen presidencial tiene que ver con la demora en la repetida promesa de que la mejora de “la macro” se traslade al bolsillo de todos los días. Menos conocida es otra motivación: en el equipo del gobernador creen que ellos también (y los intendentes propios) están sufriendo el desgaste.
“Milei va a achicar el Plan Remediar, por lo que va haber menos medicamentos gratuitos, pero los hospitales son nuestros o de los intendentes y si no nos hacemos cargo, la gente nos va a putear a nosotros”, se sinceró un ministro provincial a la hora de precisar un ejemplo de cómo una medida de gobierno ajena se transforma en costo político propio. Un alcalde del sur del Conurbano le contó a DIB otro caso: “por el corte del plan Volver al Trabajo (se reemplazarán por becas de formación), tengo mil reclamos de comerciantes: los 78 mil pesos que cobraban los beneficiarios eran para ellos consumo directo, compras que ahora dejaron de tener. El tema es que no tengo nada que ver con la medida”, explica.
La rosca: entre la Corte y 2027
Lejos del escenario público, una de las “roscas” políticas del momento se desarrolla en los pasillos del paralizado Senado, donde se pulsea por la designación de los cuatro cargos vacantes en la Suprema Corte. Kicillof quiere resolverlo antes de que termine el semestre para asegurarse no dejar cabos judiciales sueltos en su salida del poder. Había un esquema acordado: un sillón para cada sector del peronismo (kicillofismo, massismo y cristinismo) y uno para la oposición, para el que ranqueaba un sector del radicalismo. Pero esto último entró en duda en las últimas semanas. Circula una misteriosa “teoría de los testaferros” como explicación de esa objeción, que se impulsa desde Gobernación.
Mientras, en La Libertad Avanza se acelera la guerra de posicionamientos de cara a la pelea de poder en la provincia. Sebastián Pareja, que cuenta como un hecho su encumbramiento en la Comisión de Inteligencia de Diputados, ordenó volver a presentar el proyecto para aplicar en PBA la boleta única. El mensaje es claro: de mano de Karina Milei, es él quien define la agenda de construcción de poder político de cara al 2027. El contexto también: Pareja cree que la puja con Diego Santilli por encabezar la boleta para pelear por la sucesión de Kicillof se resolverá antes
