El senador bonaerense del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Matías de Urraza, presentó un proyecto de ley para derogar una normativa vigente desde 2001 que regula la instalación de grandes superficies comerciales y cadenas de distribución, y que protege al comercio minorista.
Con el objetivo de atraer inversiones a la provincia de Buenos Aires y generar más empleo, el senador libertario busca que se derogue la Ley 12.573, promulgada a fines de 2000, que brinda un marco regulatorio para la instalación, modificación, ampliación y funcionamiento de los hipermercados y establecimientos de gran escala.
La ley fue impulsada en un contexto de fuerte expansión de grandes cadenas durante la década de 1990. Su finalidad fue establecer una herramienta de planificación comercial y territorial para equilibrar la competencia entre grandes operadores y el comercio local. En la práctica, cada vez que una cadena pretende abrir un nuevo establecimiento de gran escala en territorio bonaerense, suele quedar alcanzada por las disposiciones y debe tramitar la correspondiente factibilidad provincial.
Actualmente, un hipermercado que quiera radicarse en un municipio debe cumplir, en términos generales, con la habilitación municipal (evalúa aspectos urbanísticos, de zonificación, seguridad, tránsito y uso del suelo) y la factibilidad provincial prevista en la Ley 12.573, y que incluye el impacto económico, comercial, urbano y social del proyecto.
Qué busca la derogación de la ley
Ahora, De Urraza aseguró que la derogación de la normativa podría favorecer la radicación de nuevas cadenas comerciales, centros logísticos y plataformas de distribución, especialmente en ciudades del interior bonaerense y corredores regionales. En ese sentido, destacó ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Junín, Pergamino, Necochea y San Nicolás.
“La iniciativa forma parte de una agenda legislativa orientada a reducir regulaciones que desalientan inversiones privadas y afectan la competitividad bonaerense”, afirmó el dirigente libertario. Y estimó que, de aprobarse, podrían movilizarse entre US$1.500 y US$4.000 millones en inversiones privadas, así como generarse entre 85.000 y 165.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
La intención de derogar esta ley no es nueva. Sin embargo, entidades como la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) históricamente ha defendido y colaborado con ella para proteger al comercio minorista local. Y el actual Gobierno provincial va en sintonía.
Fuente: Agencia DIB