Nicolás Schiavo dijo que no se trató de una "cuestión personal". El juez apuntó a deficiencias en el funcionamiento del poder judicial de la Provincia.
El juez Nicolás Schiavo.
Nicolás Schiavo, el juez cuyo juzgado fue “copado” por una banda armada que exigía la liberación de un grupo de presuntos narcos, aseguró que el episodio tiene que ver con “una cuestión institucional de la provincia ” de la que no dio más precisiones, al tiempo que recibió la solidaridad de sus pares.
Schiavo tiene a su cargo el juzgado de Garantías 20 de San Martín, ubicado en calle Pueyrredón y Cerrito, que fue asaltado por un grupo de unos 20 hombres que, portando armas blancas, exigió la liberación de miembros de una banda narco que opera en la zona y habían sido arrestados días atrás.
“No vinieron por mí, es un tema institucional de la Provincia ”, dijo Schiavo en declaraciones a la prensa luego de conocidos los hechos. El magistrado agregó que lo ocurrido en las últimas horas “ pasa todos los días ” y que, aunque sumen más policías o seguridad, “eso no implica que estén desguarnecidos los fiscales, juzgados y jueces”.
Para Schiavo el ataque “no es personal”, si no que está asociado a un “un problema institucional que atañe a todo el poder judicial de la provincia de Buenos Aires”.
El juez evitó especular sobre los motivos detrás de la agresión. Dijo en cambio que esas definiciones deben surgir de las autoridades encargadas de la investigación.
Consultado sobre la incidencia del avance del narcotráfico como elemento de presión y violencia dentro de la provincia de Buenos Aires, el juez reconoció la gravedad de numerosos casos que tramita la justicia penal, aunque matizó que no le corresponde emitir juicios al respecto. Sin embargo, admitió que “el narcotráfico está avanzando, es algo que es evidente, y claramente hay determinadas situaciones que son más graves que otras ”.
En tanto, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado para expresar su "repudio y preocupación" por lo ocurrido.
Por su parte, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que calificó el hecho "como un hecho de extrema gravedad institucional, un ataque directo contra el normal funcionamiento del servicio de justicia es evidente y no requiere de mayores reflexiones".
El colectivo de magistrados reparó en "que la tardía intervención de las fuerzas de seguridad solo habría logrado la dispersión del grupo agresor, sin impedir que sus integrantes profirieran amenazas directas y explícitas contra quienes laboran en el juzgado anunciando que volverían, que los interceptarían a la salida del trabajo e incluso los seguirían por donde fueran, a la vez que vociferaban 'ya saben lo que les va a pasar'".
A su vez, se cuestionó "las paupérrimas condiciones edilicias y de seguridad en las que se desempeña la mayoría de los juzgados del fuero penal, excede el análisis de este caso e impide tratarlo como si fuera un hecho puntual. Lo mismo cabría decir de muchos juzgados de paz, juzgados de familia y dependencias de los ministerios públicos. Muchas veces sin cámaras de seguridad, sin custodia, sin un mínimo de sistema de prevención de riesgos".
En otro punto del texto, se manifestó que "hechos de esta naturaleza son también la consecuencia de la asunción por parte de la provincia de Buenos Aires de la competencia en la persecución, juicio y castigo del narcotráfico, sin la preparación, sin la estructura y sin el traspaso de los recursos prometidos para enfrentar tal flagelo que no solo afecta la salud, sino también la transparencia de un sistema de respuesta penal pauperizado, y la seguridad de quienes viven en los barrios".
Fuente: Agencia DIB.