La Cámara dio marcha atrás con la medida de la juez Arroyo Salgado. También beneficio a la funcionaria bonaerenes Eva Abaigar.
La intendenta Eva Mieri, cuando era concejal.
La Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento que pesaba sobre la actual intendenta de Quilmes Eva Mieri y sobre la funcionaria bonaerense Alexia Abaigar, en la causa abierta por el escrache con “bosta” animal contra la casa del exdiputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, ahora a su vez investigado por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado, extraditado a Estados Unidos.
El fallo fue firmado por los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones y da un giro de 180 grados en la causa por el escrache del que participaron Mieri, que en ese momento era presidenta del Concejo Deliberante y Abaigar, Funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia. Ambas pasaron varios días detenidas y horas incomunicadas en julio de 2025, cuando ocurrieron los hechos.
Abaigar y Mieri habían reaccionado a un insulto de Espert, quien en una conferencia en una universidad privada había llamado “hija de puta” a Florencia Kirchner, la hija de la expresidenta. En su momento fueron liberadas por la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien de todos modos las procesó -junto con un tercero sin exposición pública- como coautoras de los delitos de “atentado contra el orden público; amenazas agravadas; incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas; y autora de falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrado de acuerdo con la ley, todos ellos en concurso ideal”.
Ahora, los Camaristas deshicieron ese procesamiento, con un fallo en el que los jueces cuestionaron que la decisión de primera instancia haya ido más allá de los hechos concretos para apoyarse en interpretaciones sobre el “clima social” o el contexto político general. En ese sentido, marcaron que la labor judicial debe limitarse a analizar conductas específicas y pruebas verificables, sin incorporar valoraciones amplias sobre la coyuntura.
En ese sentido, el Tribunal dejó en claro que no corresponde utilizar el proceso penal para enviar “mensajes” institucionales o responder a escenarios de conflictividad política, sino que debe ceñirse estrictamente al principio de legalidad.
Otro de los ejes del fallo es el señalamiento sobre la debilidad de la investigación. La Cámara entendió que las imputaciones fueron construidas sobre una base probatoria insuficiente y con calificaciones legales que no se ajustaban a los hechos.