Roberto Tagliabué es un pastor evangélico de Mar del Plata, responsable de un supuesto centro de rehabilitación. La fiscal pidió 14 años de prisión.
Roberto Tagliabué, el pastor evangélico juzgado en Mar del Plata.
Ministerio Público FiscalLa fiscalía pidió una pena de catorce años de prisión para Roberto Tagliabué, un pastor evangélico y responsable de un supuesto centro de rehabilitación de adicciones, acusado por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral agravada, ejercicio ilegal de la medicina, comercialización de fauna silvestre y maltrato animal.
Asimismo, la fiscal federal Laura Mazzaferri solicitó la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de toda actividad vinculada con la medicina, psicología, acompañamiento terapéutico, dirección de centros de tratamiento de adicciones o programas comunitarios de salud y también de actividades relacionadas con el desempeño del culto, por el máximo legal, como medida de protección de la salud pública y de prevención especial, de acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal.
El debate oral y público que comenzó el 26 de mayo entró en su etapa final y el lunes próximo será el turno del alegato de la defensa. Además de la pena, la fiscalía solicitó la reparación de las víctimas, por el lucro cesante y el daño moral cometido, cifra que en conjunto asciende a 135.738.994 pesos, a dividir entre las víctimas de acuerdo a la cantidad de tiempo que estuvieron sometidas en este circuito.
El caso se inició en agosto de 2021 a partir de una denuncia del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas, donde se delineaban los hechos que luego fueron investigados y muchos de ellos, en opinión de la Fiscalía, comprobados en instancia de juicio.
Según el sitio “Fiscales”, Tagliabué está acusado de captar al menos a nueve personas -en su mayoría varones jóvenes- en situación de suma vulnerabilidad, quienes estaban atravesados por situaciones de consumo problemático, falta de contención y carencias económicas, y/o en conflicto con la ley penal, para acogerlas en la vivienda anexa al templo que dirigía en el barrio Pueyrredón, y a la mayoría de ellos, en un falso Programa de Rehabilitación de las Adicciones, que no contaba ni con profesionales de la salud ni con habilitación para funcionar, de acuerdo a las constancias de la causa.
Según la fiscal, quedó acreditado que el acusado, mediante el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad que atravesaban los jóvenes, mediante engaños y falsas problemas de rehabilitación, además del desarrollo de maniobras de intimidación, como violencias varias, amenazas y acoso sexual, “afectó su libertad de autodeterminación y de esa manera los explotó laboralmente y se benefició de manera personal, no solo económicamente, sino también en relación a la influencia que ejercía y sigue en parte ejerciendo en la comunidad”. (DIB)