Así se desprende del Presupuesto 2026, donde la administración libertaria proyecta una suba de ingresos por derechos de exportación por encima de la inflación.
El campo y las retenciones en la mira.
El Gobierno nacional presentó el Presupuesto 2026 en el que proyecta que la recaudación por retenciones al sector agropecuario crezca casi un 23%, muy por encima de la inflación anual que estima en 10,1% y con un dólar a $ 1.423 (inferior a la cotización actual).
“Los recursos totales provenientes de los Derechos de Exportación aumentarían un 22,8% en 2026 respecto de las proyecciones para el presente ejercicio”, dice el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para su tratamiento, luego del discurso en cadena nacional del presidente Javier Milei.
La previsión de recaudación por retenciones para el próximo año es de $9.974.229.900.000, unos US$6800 millones, lo que representa un 22,8% de incremento respecto de 2025. “El escenario macroeconómico contempla un crecimiento de las exportaciones gravadas en términos reales superior al promedio de la economía”, argumenta el proyecto oficial.
Aunque habrá que ver cómo se desarrolla el próximo año, con estos números se estima que el Gobierno nacional está dando por cerrada la posibilidad de nuevas bajas en ese tributo, como las que ya dispuso este año, y en medio de un contexto de campos inundados y quejas de los productores. De todos modos, pese a que no bajen ni suban las alícuotas, habrá un incremento de la presión fiscal sobre el sector rural, por cuanto los DEX “pasarán de representar 0,95% del PIB en 2025 a 0,98% del PIB en 2026”.
En orden de importancia, los DEX serán el cuarto tributo en acercar recursos al Estado nacional después del IVA ($32.941.464.500.000), Ganancias ($16.509.669.000.000) y el impuesto a los Créditos y Débitos ($16.433.687.400.000).
El Presupuesto llega tras un año marcado por cambios en la política de derechos de exportación. En enero de 2025, mediante el Decreto 38/2025, el Ejecutivo eliminó las retenciones para las economías regionales y redujo transitoriamente las alícuotas de los principales complejos agroexportadores hasta el 30 de junio.
Así, la soja pasó del 33% al 26%; sus subproductos, del 31% al 24,5%; el trigo, maíz y sorgo bajaron del 12% al 9,5%; mientras que el girasol y su aceite pasaron del 7,5% y 5% al 5,5% y 4%, respectivamente. Esta medida implicó un costo fiscal de 0,126% del PBI.
Posteriormente, en julio, el Gobierno avanzó con el Decreto 526/2025, que dispuso reducciones permanentes en las alícuotas de los complejos agroexportadores (incluidas las carnes), fijándolas en los niveles vigentes antes del 30 de junio.
Desde que se reimplantaron en 2002 luego de la crisis económica de 2001, el agro, según distintas estimaciones, contribuyó con unos US$200.000 millones solo por este concepto. Los derechos de exportación se impusieron en ese momento solo para paliar la emergencia, pero quedaron con los sucesivos gobiernos. Mauricio Macri hizo una reducción importante en la primera parte de su mandato, pero luego, con las crisis de 2018, los repuso.