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La Plata, feb 10 (DIB).- La gobernadora María Eugenia Vidal
decidió avanzar en la reglamentación del financiamiento de la campaña electoral
bonaerense de este año, para lo que tiene previsto poner el foco en dos
cuestiones básicas: la trazabilidad del origen de los fondos, lo que supone su
bancarización, y la regulación de los aportes de las empresas privadas y las
personas jurídicas, dos notorios baches normativos en la provincia.
Después de un año en el cual el caso de los “aportantes
truchos” a la campaña del oficialismo de 2017 ?ahora enmarcado como una falta
electoral pero no un delito penal- se convirtiera en foco de cuestionamientos
reiterados de la oposición, Vidal le anunció a los diputados provinciales de su
espacio, en una reunión reservada realizada la semana que pasó, que la cuestión
del financiamiento será resuelta a la brevedad.
“Vamos a ver cómo se avanza a nivel nacional y si se traba
allí igual en provincia vamos a avanzar, aunque sea de hecho”, dijo a DIB una
alta fuente del gabinete bonaerense. Eso significa que Vidal contempla la
posibilidad de dictar un decreto para establecer las pautas generales en
materia de financiamiento, un camino que también podría seguir Nación, según
precisó hace dos días el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
La hoja de ruta del oficialismo prevé que en los primeros
días de marzo la gobernadora, en sintonía con la Casa Rosada, el decreto de
convocatoria a elecciones bonaerenses, que como ya se anunció serán unificadas
con las nacionales. Una vez dado ese paso, con el calendario electoral
formalmente en marcha, la viabilidad política de que la Legislatura trate el
financiamiento es baja, por lo que la opción más factible es la vía del
decreto.
La Gobernadora apuntará centralmente a dos baches
importantes de la legislación bonaerense. Una es la cuestión de la trazabilidad
de los aportes, es decir la posibilidad de determinar fehaciente de dónde
provienen los fondos que se utilizan. Eso supone avanzar en la eliminación casi
total de los aportes en efectivo, que quedarían solo para sumas muy pequeñas.
La idea sería que las contribuciones se efectivicen mediante
transferencias bancarias, cheques, tarjetas de crédito o debido, o plataformas
digitales, siempre que permitan la identificación del donante y la trazabilidad
del aporte. El modelo está contenido en el proyecto de ley nacional que iba a
ser tratado a fines del año pasado pero que no consiguió consenso, lo que
explica el adelanto de Frigerio en cuanto a avanzar por decreto también en esa
jurisdicción.
El otro aspecto tiene que ver con la regulación de los
aportes de individuos y empresas privadas y de las personas jurídicas, que en
Nación están prohibidos en un caso y regulados en el otro pero en provincia no,
a excepción de la interdicción para anónimos, concesionarios de obras o
servicios públicos, licenciatarios de juegos de azar o en el caso de empresas
extranjeras, además de sindicatos y asociaciones patronales.
Vidal ya había encargado a la Subsecretaría de Asuntos
Parlamentarios y Electorales la confección de un decreto para ordenar esta
cuestión cuando todavía estaba en pie la opción de desdoblar. Es que en provincia,
la regulación del financiamiento es mucho más débil que en Nación, al punto que
en algunos ítems importantes es inexistente. Por ejemplo, no se contempla el
pago estatal de las boletas para las elecciones generales ni para ninguna otra
actividad de campaña. De hecho, esa asimetría es utilizada por la mayoría de
los partidos, que tiene existencia legal nacional y bonaerense en forma
simultánea, para eludir controles.
Ahora, la Gobernadora tomará ese trabajo, que tenía un grado
de avance importante, y lo utilizará como base para ensayar el principio de
ordenamiento en esta materia para este año, con el que busca prevenir
situaciones como las que terminaron en los tribunales (y en los medios) en el
primer semestre de 2018, y a la vez protegerse contra lo que presume que podría
ser uno de los tópicos importantes de la agenda electoral opositora. (DIB) AL