El Ministerio de Capital Humano anticipó esta tarde que la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes suscribieron un acta acuerdo que establece una recomposición salarial para el sector universitario, entendimiento que en el corto plazo se traduciría en el levantamiento de la medida de fuerza anunciada para la próxima semana.
De acuerdo con el comunicado, el Poder Ejecutivo transferirá a las Universidades los fondos tendientes a incrementar la masa salarial del 24,33%, distribuido de la siguiente forma: un 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo, y un 3% en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026. En materia presupuestaria, se actualizará en un 20% el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades a partir de junio y se dispondrá un incremento de $ 50 mil millones en la partida destinada a hospitales universitarios para 2026.
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Además, en cuanto a las becas estudiantiles, se estableció una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano a partir de junio. Y, por último, se garantizarán los fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes, y las Universidades Nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme la legislación vigente.
El acuerdo se terminó de sellar este mediodía en el Palacio Sarmiento, en una reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, con rectores y representantes gremiales. Todos firmaron el acta. “Nuestra idea como la de las autoridades universitarias y de la dirigencia sindical es dejar atrás el conflicto y pasar a ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos todos nosotros, que es dar clase, que se recuperen los días perdidos y que se termine esta situación irregular en la cual están muchas universidades”, dijo Álvarez a los medios, a la salida del encuentro.
Universidades: propuesta sobre la mesa
Tal como se informó ayer, la propuesta del Gobierno había sido bien recibida por los rectores en una reunión informal y quedaba en manos de los gremios docentes y de trabajadores no docentes dar el visto bueno. En primera instancia, los sindicatos de base debían llevar la propuesta a sus afiliados, y este miércoles desde todas las universidades del país debían llegar las respuestas -de aprobación o rechazo- para, finalmente, traducirla en un acuerdo -o no- con el Gobierno.
Finalmente, el incremento total del 24,3% es significativo, aunque queda lejos de los 45 puntos que aseguran los docentes se perdieron desde que asumió Milei. Sin embargo, un punto que buscaba frenar el Gobierno y que al final no lo consiguió fue que se retire de la Corte Suprema de Jusiticia la demanda vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. Esa norma nunca fue ejecutada por el Poder Ejecutivo, que sostiene que el texto aprobado por el Congreso de la Nación no establece de manera explícita las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación.
La comunidad universitaria recurrió a la Justicia para exigir su cumplimiento. La causa cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, que fue ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente se encuentra suspendida mientras la Corte Suprema analiza un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional.
Fuente: Agencia DIB
