La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) quedó en el centro de un escándalo que expone al gobierno en su punto más vulnerable y alcanza a la hermana del presidente, Javier Milei. La crisis estalló el mismo día en que el oficialismo defendía en el Congreso el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuando se difundieron audios que revelaban un esquema de coimas dentro del propio organismo encargado de asistir a personas con discapacidad.
En las grabaciones, atribuidas al entonces director de la Andis, Diego Spagnuolo, se detallaba un sistema de retornos por la compra de medicamentos que podía recaudar entre US$ 500.000 y US$ 800.000 mensuales. Allí, Spagnuolo mencionaba como beneficiarios a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, dirigente riojano y sobrino del expresidente Carlos Menem.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó allanamientos en 14 domicilios, oficinas y sedes vinculadas, donde se incautaron teléfonos, documentación y dinero en efectivo. La investigación judicial se nutre de la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, quien acusó a los hermanos Milei, a Lule Menem y al titular de la droguería Suizo Argentina de presuntos “delitos de cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”. Según su presentación, la empresa farmacéutica habría actuado como canal para el desvío de fondos públicos mediante sobreprecios y porcentajes exigidos a proveedores.
Como reacción inmediata, el Gobierno desplazó a Spagnuolo y a Daniel Garbellini, director de Acceso a Servicios de Salud, y decretó la intervención del organismo. El médico Alejandro Vilches quedó a cargo con la misión de auditar y reorganizar la Andis.
Política social bajo tensión
La simultaneidad de los hechos dejó una imagen difícil de borrar: mientras el Ejecutivo defendía recortes en discapacidad en nombre del ajuste fiscal, la Justicia revelaba un entramado de corrupción en el área más afectada por esas restricciones.
El contexto de tensiones venía de antes. En julio, Javier Milei vetó leyes que otorgaban aumentos en pensiones y beneficios a personas con discapacidad y jubilados, ya aprobadas por el Congreso. Un mes después, la Cámara de Diputados rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que buscaba regularizar pagos a prestadores y actualizar aranceles. Todo indica que el Senado se prepara para desafiar a Milei y dejar firme la emergencia en discapacidad.
Pero el malestar social y político en torno a la política de discapacidad se remonta a enero de 2025, cuando la Andis había emitido una resolución que clasificaba a personas con discapacidad intelectual con términos como “idiota”, “imbécil” o “débil mental profundo”. El repudio fue inmediato y, aunque Spagnuolo admitió “una grave equivocación”, el daño político ya estaba hecho.
Antecedentes que incomodan
No es la primera vez que Karina Milei aparece vinculada a cuestionamientos por dinero. En 2023, el empresario Juan Carlos Blumberg denunció en los medios que en La Libertad Avanza se cobraban hasta US$ 50.000 por una candidatura a concejal. Desde Neuquén, el periodista Carlos Eguía aseguró que se vendía la marca y los lugares en las listas.
Ese perfil se reforzó con testimonios como el del productor Nito Artaza, quien recordó que Karina preguntaba con insistencia “cuántas entradas vendieron, cuándo le iban a pagar su parte”. El economista Carlos Maslatón lo sintetizó en una frase: “A Javier nunca le interesó el dinero. A Karina sí”.
El eco del cripto-fiasco
El escándalo en la Andis resuena con otro antecedente: el del token $LIBRA. Lanzado en febrero de 2025 con un mensaje promocional del propio Javier Milei en sus redes sociales, el precio se disparó en minutos hasta valuaciones multimillonarias, calculadas en torno a los US$ 4.400 millones según estimaciones privadas, para luego desplomarse y dejar a miles de pequeños inversores en la ruina.
En paralelo, surgieron acusaciones mediáticas de que Karina Milei cobraba hasta US$ 50.000 por organizar reuniones privadas con el Presidente vinculadas al proyecto. El episodio derivó en más de un centenar de denuncias en la Justicia argentina, una investigación en EE.UU. y una demanda colectiva en Nueva York.
El perfil detrás del poder
Karina Elizabeth Milei, de 52 años, ocupa desde diciembre de 2023 la Secretaría General de la Presidencia y preside La Libertad Avanza. Su rol como armadora y tesorera del espacio se consolidó en la campaña legislativa de 2021. Su hermano la llama “el Jefe” y la describe como indispensable desde la infancia, cuando era víctima de violencia paterna.
Hoy, mientras la Justicia avanza sobre la Andis y persisten las secuelas del colapso de $LIBRA, la hermana del Presidente aparece en el centro de las acusaciones más graves contra el oficialismo: una figura estratégica y controvertida, señalada por su manejo del dinero y por su influencia decisiva en las decisiones de gobierno.
