Con la reforma laboral como eje, comenzaron las sesiones extraordinarias en el Congreso y se multiplican las reuniones para asegurar votos.
El Congreso inició este lunes las sesiones extraodinarias y abrió una semana que promete alta temperatura política.
El Congreso inició este lunes las sesiones extraordinarias y abrió una semana que promete alta temperatura política. Con un temario acotado pero sensible, el oficialismo puso en marcha una ofensiva de negociaciones para asegurar los votos necesarios antes del inicio del período ordinario, previsto para el 1° de marzo.
La reforma laboral aparece como el eje estructural del paquete que impulsa la Casa Rosada y concentra buena parte de las tensiones.
El ministro del Interior, Diego Santilli, desembarcó en el Parlamento con una agenda cargada de encuentros con legisladores y referentes políticos para tomar el pulso de las voluntades tanto en el Senado como, luego, en Diputados.
En paralelo, la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, comenzó una ronda de conversaciones -en su mayoría virtuales- con representantes de otras bancadas para acercar posiciones sobre el proyecto laboral, una de las iniciativas que despierta mayor resistencia.
La estrategia se terminará de afinar este martes en Casa Rosada, donde está prevista una nueva reunión de la mesa política. Allí se evaluará el estado de las negociaciones y se definirá si es necesario reordenar prioridades tácticas, especialmente en el Senado, donde el Gobierno busca evitar que los proyectos queden empantanados en comisiones o sufran modificaciones de último momento que alteren su espíritu original.
El período de extraordinarias, convocado por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 24/2026, se extenderá hasta el 27 de febrero. La agenda fue cuidadosamente delimitada por el Ejecutivo e incluye, además de la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil, cambios en la Ley de Glaciares, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la designación de embajadores extraordinarios, entre ellos Fernando Adolfo Iglesias.
La modernización laboral es, sin dudas, el punto más delicado. El oficialismo la presenta como una reforma estructural destinada a flexibilizar el mercado de trabajo y reducir costos que, según su diagnóstico, desalientan la creación de empleo formal.
Sin embargo, varios gobernadores y legisladores provinciales ya expresaron reparos por el impacto fiscal de algunas propuestas, en particular por sus efectos sobre la coparticipación, un factor que agrega complejidad a la construcción de mayorías.
En simultáneo, el Régimen Penal Juvenil vuelve al centro de la escena. Tras la ampliación del temario mediante un decreto presidencial, el Congreso quedó habilitado para debatir una baja en la edad de imputabilidad, hoy fijada en 16 años, con alternativas que oscilan entre los 13 y 14 años.
La iniciativa genera fuertes discusiones internas, incluso dentro del propio oficialismo, y despierta objeciones de distintos sectores sociales y políticos.
La modificación de la Ley de Glaciares y el avance del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea completan un menú legislativo de alto voltaje, que obliga a todos los bloques a ensayar acuerdos en un contexto de fragmentación parlamentaria y alianzas cambiantes.