La Cámara Federal de La Plata ordenó liberar a los dueños de la megaferia La Salada, entre ellos entre ellos Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa, en un giro en la causa por la que se los investigaba como parte de una asociación ilícita dedicada a cometer delitos como la venta masiva de productos con marcas falsificadas, evasión tributaria estructural y el posterior lavado de esos dividendos espurios.
El fallo fue firmado como los camaristas Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, y declara la falta de méritos para Castillo, Corrillo Rorrez y Presa -presuntos líderes de la organización-, a quienes ordena excarcelar por considerar que no existen pruebas suficientes para mantenerlos encarcelados. También dejaron sin efecto embargos millonarios que pesaban sobre los tres.
En su decisión, los camaristas criticaron la investigación que había llevado adelante la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el juez federal Luis Armella, a la que calificaron de “insuficiente” carente de “autonomía suficiente”.
La fiscalía a cargo de Incardona había sostenido que en La Salada operaban dos grandes estructuras criminales independientes. Una de ellas, liderada por Jorge Omar Castillo, Aldo Presa y Antonio Corrillo Torrez, dedicada a la explotación de las ferias Punta Mogote S.C.A., Mogote Factory y Olimpo. La otra, encabezada por Enrique Esteban Antequera, regenteaba la feria Urkupiña S.A.
Los beneficiados con la falta de mérito son, además de Castillo, Corrillo Torrez y Presa, Natalia Paola Luengo, Manuel Jorge Castillo, César Francisco Antequera, Alan Emmanuel Antequera, Lucas Gonzalo Antequera y Carlos Guillermo Carrión. También fueron alcanzados por la resolución Hugo Nicolás Picca, Paula Raquel Corbo, Rubén Javier Arjovsky, María Sara Corigliano, Guadalupe Presa, María Mora Presa, Margarita Nilda Arrieta, Marcelo Jorge Fernández Zurdo, Mabel Cristina Islas, Christian Ezequiel Arrieta y David Alberto Heinze.
Castillo, líder de la feria, planteó que Punta Mogote es una sociedad lícita registrada como empresa inmobiliaria y que resultaba fácticamente imposible controlar la mercadería de más de 2000 puestos rotativos. Además, atacaron la acusación de lavado al indicar que la supuesta evasión fiscal precedente estaba suspendida por la adhesión a un régimen de regularización estatal.
La Cámara explicó que las “afirmaciones genéricas y vagas” del expediente no alcanzan el grado de convicción necesario para procesar a nadie, pero aclaró que tampoco permiten sobreseerlos definitivamente de forma inmediata. La investigación deberá continuar.
¿Cómo funciona la feria?
La causa motivó el cierre de La Salada durante algunas semanas y protestas de los puesteros y clientes que se quedaron sin poder comerciar.
La Salada funciona como una megaferia donde se comercializan prendas que son compradas por comerciantes mayoristas que llegan desde todo el país en tours de compras, en micros para obtener productos más baratos y ofrecerlos en sus provincias.
Fuente: Agencia DIB.
