Tras una paralización de la actividad que duró casi cuatro días, el gobierno nacional acordó una salida al conflicto por el decreto para desregular la actividad del practicaje en los puertos tras suspender sui vigencia y acordar una reducción de las tarifas del 20%, con lo que se restablecieron las tareas de asistencia a los buques.
El conflicto se desató el viernes, cuando se publicó el decreto 690, una norma que desreguló el practicaje de buques. Según dijeron en ese momento los voceros del sector, el nuevo régimen llegó sin un acuerdo previo con los profesionales.
Los cambios que estipulaba eran profundos: eliminaba el cupo, abrió la contratación libre y fijaba tarifas de mercado bajo la promesa de “bajar el costo argentino”, entre otras cosas.
La respuesta fue inmediata: desde la madrugada del domingo, prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país dejaron de aceptar nuevos servicios. El conflicto escaló: con una dinámica particular, sin gremio, sin paro formal —son profesionales independientes—, los prácticos lograron lo que ningún sindicato del transporte consiguió en años: parar el 80% del comercio exterior argentino en 72 horas. Más de 140 buques varados de Ushuaia a Timbúes, cargas desviadas a Montevideo y Brasil, y una Prefectura que respondió con intimaciones a 500 profesionales y la amenaza de cárcel por los artículos 190 y 194 del Código Penal.
Con ese panorama sin destrabarse, el gobierno amenazó con sanciones -que o especificó, la Prefectura los citó a presentarse al trabajo, pero los prácticos no cedieron hasta que llegó el acuerdo.
El anuncio formal indicó que “el Gobierno alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de buques”.
Ahora bien, a cambio de aquella rebaja en la tarifa, hubo una concesión importante. “En el marco del entendimiento alcanzado, se resolvió suspender la aplicación del decreto de desregulación del servicio de practicaje”, reconoció el Gobierno en un comunicado.
El tercer punto del asunto es “conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad”.
La instancia de diálogo será coordinada por el Gobierno Nacional, con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes, y tendrá como objetivo avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación.
Los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata, mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados.