Juan Seoane, Matías Albani, Cristian Tisi y Juan Janon conversaban en el balcón del departamento “E” del octavo piso de un edificio de Pinamar. Eran amigos, tenían entre 16 y 18 años, iban al mismo colegio y jugaban al rugby en el club San Cirano. De repente y sin darles una mínima chance de cambiar el destino, la estructura del balcón se separó del edificio y cayó en picada al estacionamiento. El golpe contra el asfalto los mató instantáneamente. Sólo se salvó de manera milagrosa un quinto ocupante del departamento, Carlos Janon, hermano mayor de Juan, porque había entrado segundos antes en el interior de la vivienda.
La tragedia de la que se cumplen este 27 de enero 30 años no sólo destruyó la vida de cuatro familias, sino que conmocionó a todo el país e hizo reflexionar sobre el estado de las construcciones que se alquilan en la temporada de verano y la falta de controles.
“El balcón se desprendió totalmente, pareció como que estuviese pegado con Poxiran”, dijo una vecina del edificio para graficar el momento después del incidente. Horas antes, en la madrugada calurosa de la costa, los jóvenes charlaban de la vida cuando el balcón se separó, literalmente, del edificio y cayó al estacionamiento y sobre algunos autos que estaban allí estacionados.
No pasó mucho tiempo para que se conociera que aquel balcón del joven edificio de 14 años había sido hecho después del resto de la construcción general. Las pericias indicaron que estaba mal amurado a la estructura, sin armaduras, y con una arena que no era la indicada. Eso, más las lluvias que fueron corroyendo el balcón, terminaron de hacer un cóctel explosivo.
Recién en 1996, los constructores del edificio fueron condenados a tres años y dos meses de prisión. Pero como los hermanos Juan y Andrés Majersky tenían más de 70 años cumplieron su castigo con prisión domiciliaria. El maestro mayor de obras, Juan Alitis, también fue condenado por homicidio, pero a dos años de prisión en suspenso y nueve de inhabilitación.
La demanda civil, en tanto, se hizo eterna. Fallos y apelaciones hasta que todo llegó a la Suprema Corte bonaerense. Allí, los jueces del máximo tribunal fijaron que los padres de cada uno de los jóvenes debían ser indemnizados con 250 mil pesos. Corría diciembre de 2001, en un país explotado por la crisis, y cuando el 1 a 1 (un dólar, un peso) llegaba a su final. Sin embargo, la Municipalidad de Pinamar apeló a la Corte nacional y todo se dilató un tiempo más.
Más allá de la burocracia judicial y el fallo civil, que para las familias de los adolescentes no era más que una mínima compensación, lo cierto es que ese hecho quedó grabado en la memoria de muchos argentinos, y fue el primero de otros que se registraron en la zona costera. (DIB) FD