La Plata, abr 3 (DIB).- La gobernadora de la provincia de
Buenos Aires, María Eugenia Vidal, envió esta mañana al Senado el pliego de
Sergio Gabriel Torres, un juez de bajo perfil político que cumple funciones en
los tribunales de Comodoro Py, como candidato a ocupar el cargo vacante en la
Suprema Corte de Justicia.
Desde su postulación, Torres, quien busca completar la
vacante abierta en 2016 cuando Juan Carlos Hitters renunció a su cargo, ha
sumado 387 adhesiones, provenientes de diversos ámbitos académicos, de la
sociedad civil, de sectores judiciales, de entidades profesionales y
religiosas.
El movimiento, que fue anticipado por DIB a principios del
mes pasado, restituirá al Tribunal su composición de siete miembros y fue
decidido sobre la base de un criterio primordial: la especialización de Torre
en materia penal, un área a la que no se dedica ninguno de los otros seis
miembros actuales de la Corte: Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lazzari, Daniel
Soria, Esteban Genpoud, Hilda Kogan y Héctor Negri.
Vidal dejó abierta la vacante durante más de un año y
terminó de decidirse por impulsar a Torres, titular del Juzgado Federal Nº 12
de la Ciudad Autónoma, cuando nadie hablaba ya del tema. Ahora, con 387
adhesiones, entre académicas, civiles, judiciales, profesionales, religiosas y
políticas, el pliego de Torres será tratado en el Senado, donde tendría un
trámite sencillo, en virtud de la mayoría que tiene Cambiemos.
Uno de los puntos que generó cierta polémica con su pliego
era el domicilio de Torres, ya que la Carta Magna bonaerense dice que el
elegido debe acreditar dos años de residencia inmediata en la provincia de
Buenos Aires. Sin embargo, desde el Gobierno confiaron que el magistrado cumple
con lo previsto en la Constitución.
En ese sentido, no se dan detalles sobre los lugares
concretos de estas direcciones, debido a que el postulante, en virtud de su
función como juez federal y de las investigaciones por narcotráfico que tiene a
su cargo, puede ver afectada su integridad física y la de su familia. “En el
pliego enviado al Senado, Torres dejó asentada, con la documentación
respectiva, que acredita la residencia en la provincia de Buenos Aires,
poniéndola a consideración de los legisladores”, indicaron las fuentes.
En su trayectoria en el Poder Judicial como magistrado,
Torres tuvo gran responsabilidad en materia de defensa de los Derechos Humanos
y la Democracia e intervino en la realización de un protocolo para resguardar
la vulnerabilidad de los testigos en juicios por delitos de lesa humanidad.
De 55 años, casado y con dos hijos, el nombre de Torres
cobró cierta notoriedad mediática a principios del año pasado, cuando le tocó
intervenir en el caso del excanciller Héctor Timerman, a quien otorgó la
excarcelación para que pueda viajar a Estado Unidos para someterse a un
tratamiento por el cáncer que padecía y por el que terminó falleciendo meses
después. En ese momento, Torres actuó subrogando a su par Claudio Bonadío.
Formado en la Universidad de Buenos Aires y profesor de la
de Lomas de Zamora, desde 2012 Torres maneja, por orden de la Corte nacional,
una cuestión de profunda implicancia para la provincia: el plan diseñado por el
Alto Tribunal para el saneamiento de la cuenca del Río Matanza, cuya
contaminación afecta a millones de personas en el Conurbano. Antes de su actual
cargo, fue fiscal federal y juez en lo criminal de la Capital, desde donde
saltó al fuero federal. (DIB) FD
