La Plata, nov 30 (DIB).- La Justicia les dictó la prisión
preventiva a los seis acusados en la causa de los “preceptores truchos”, que
tiene entre los acusados a un empleado de la Dirección General de Cultura y
Educación, quien creaba cargos falsos de auxiliares.
La medida fue tomada por la jueza de Garantías Marcela
Garmendia, quien aceptó un pedido del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, y
recayó sobre Alberto Acevedo, empleado de la Dirección de Escuelas, y otras
cinco personas, quienes según se cree cobraban sueldos apócrifos de
preceptores.
La causa se inició el 30 de octubre, con la detención de
cinco personas, quienes eran acusados de integrar una organización delictual
que estafó a la cartera provincial por unos $ 3,5 millones.
El principal sospechoso es un trabajador de Contralor
Docente, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos de la DGyE, quien fue
denunciado por la misma cartera educativa como responsable de haber asignado
cargos a cuatro personas que cobraban sin trabajar.
El empleado, que se encargaba de cargar información de
empleados del conurbano, ingresó de forma irregular el nombre de cuatro
personas, quienes comenzaron a cobrar un cargo, y le daban buena parte del
dinero al cabecilla.
Los “prestanombres”, según detallaron desde la
cartera educativa, viven todos en La Plata y figuraban como preceptores en
distintas escuelas de La Matanza a donde no concurrían a trabajar. Además, no
cumplían con “ninguno de los requisitos formales” para ocupar un
cargo docente. Las irregularidades fueron detectadas por una auditoria interna
y denunciada ante la Justicia por el Gobierno provincial.
De acuerdo a la causa judicial, los implicados revistaban
como activas en el sistema informático cuando no prestaban servicios y cobraban
a través del sistema de ticketera del Banco Provincia, mecanismo que no exige
la apertura de cuentas de caja de ahorro y sólo basta con el DNI para la
extracción del dinero.
La habilitación para dicho cobro depende exclusivamente de
la nómina que mensualmente envía la Educación al banco. Las personas a cuyo
nombre se cargaban los servicios laborales concurrían a distintas sucursales y
cobraban las liquidaciones de sueldo, adicionales y bonificaciones, cargados
por el empleado de Contralor. (DIB)
