La Plata, sep 13 (DIB).- Con el objetivo de lograr los
apoyos necesarios para aprobar el Presupuesto 2019, el presidente Mauricio
Macri le propuso a los gobernadores una batería de medidas fiscales que los
ayude a incrementar su recaudación y la suspensión de algunos puntos del
Consenso Fiscal firmado el año pasado, que obligaban a las provincias a
acelerar la reducción del gasto.
El Gobierno nacional envió hoy a los mandatarios
provinciales el borrador de la adenda al Pacto Fiscal, un documento de apenas
cinco carillas que contiene una batería de medidas tendientes a mejorar la
recaudación y a ampliar sus gastos para afrontar las mayores obligaciones que
van a recibir, como hacerse cargo de los subsidios al transporte.
Todos los puntos plasmados en el documento fueron discutidos
el martes pasado durante el encuentro de Macri con 19 gobernadores, pero no
habían sido volcados por escrito.
El documento, al que accedió DIB, contiene tres apartados
diferentes: uno relacionado a medidas fiscales, otro destinado los gastos de
las provincias, y un tercero con las obligaciones de Nación. Todos los casos
apuntan a atemperar el esfuerzo fiscal extra que deberán hacer las provincias
para absorber el recorte de $ 100.000 millones exigido por Nación como parte de
su plan para lograr déficit 0 el año próximo.
En el plano fiscal, la adenda al consenso suspende por dos
años el compromiso de no aumentar la alícuota de Bienes Personales, lo que abre
la puerta para negociar un aumento e ese tributo para los bienes radicados en
el exterior. Cualquier aumento de esta variable impacta en las provincias vía
coparticipación. También se congela para el año que viene la obligación de las
provincias de rebajar el impuesto a los Sellos, aunque seguirá vigente ese
compromiso para el caso de Ingresos Brutos, contra lo que pedían los
gobernadores.
Finalmente, deroga las exenciones del impuesto a las
Ganancias para funcionarios públicos y para las ganancias generadas por
operaciones de crédito de entidades cooperativas o mutuales, que apunta a “cuevas
financieras” que se “disfrazan” como entidades de este tipo.
Con respecto a la Ley de Responsabilidad Fiscal, se
permitirá el aumento del gasto público (limitado a la inflación por el acuerdo
del año pasado), en dos casos puntuales: cuando las jurisdicciones hayan
aumentado sus erogaciones por debajo del IPC de este año; y para quienes deban
afrontar mayores egresos a raíz de las transferencias de competencias por parte
de Nación.
Entre los compromisos de Nación, finalmente, se adelantará
mes a mes el dinero necesario para atender los déficits de las cajas
previsionales para aquellas administraciones que no transfirieron las mismas.
La adenda describe también cuáles serán los gastos que
Nación transferirá a las provincias. Entre ellas, se destacan la participación
de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal en el financiamiento de la
tarifa social del agua y servicios cloacales prestados por AYSA. En tanto, las
provincias se harán cargo de los subsidios al transporte público de pasajeros y
en la tarifa social eléctrica. Finalmente, Edenor y Edesur pasarán a manos de
las jurisdicciones que gobiernan María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.
Números en danza
En las últimas horas, fuentes del Gobierno nacional se
mostraron confiadas en tener los votos para avanzar con el Presupuesto 2019,
cuyo texto será presentado mañana. En un escenario así, el Ejecutivo espera que
el dictamen esté listo para ser llevado al recinto de Diputados a principios de
octubre.
El primero que públicamente firmó la adenda enviada por el
Gobierno fue el mandatario de Salta, Juan Manuel Urtubey, que esta tarde fue a
la Casa Rosada a firmar el pacto.
Urtubey se diferenció así del resto de los mandatarios del
PJ, quienes plantearon a principios de esta semana algunas resistencias al
proyecto oficial, aunque se descarta que el grueso de ellos (a excepción de Carlos
Verna, de La Pampa; y Alberto Rodríguez Saá, de San Luis) termine adhiriendo.
(DIB) JG
