Melina Romero desapareció el 24 de agosto de 2014 tras salir de un boliche en San Martín, provincia de Buenos Aires, donde había ido a celebrar sus 17 años. A diez años de aquel femicidio, su caso sigue siendo un emblema de impunidad y estigmatización. Sus padres denunciaron la desaparición y comenzó una intensa búsqueda que mantuvo en vilo al país. Un mes después, el 23 de septiembre, su cuerpo fue hallado dentro de una bolsa de residuos a la vera del río Reconquista, en José León Suárez. La autopsia reveló que murió por asfixia y presentaba golpes previos.
La investigación derivó en la detención de varios sospechosos: Joel “Chavito” Fernández, de 20 años; Elías “Narigón” Fernández, de 22; Javier “Pelado” Rodríguez, de 44; y un adolescente apodado “Toto”, de 16 años. Una testigo clave, identificada como “M.”, declaró que Melina fue drogada, abusada y asesinada en una casa, y que luego arrojaron el cuerpo al arroyo. Más tarde, la misma testigo fue acusada de falso testimonio, lo que debilitó la acusación. Finalmente, sólo Joel “Chavito” Fernández llegó a juicio: en noviembre de 2017 un jurado popular lo declaró culpable de homicidio preterintencional y privación ilegal de la libertad agravada, y en diciembre recibió una condena de 13 años de prisión. El resto de los imputados fue liberado por falta de pruebas. La familia de Melina sostiene que Fernández no actuó solo y reclama que la causa se reactive.
El proceso judicial estuvo marcado por irregularidades, contradicciones y demoras. Los abogados de la familia remarcaron en reiteradas ocasiones que la investigación no se profundizó en la red de vínculos de los acusados ni en la posible existencia de encubrimientos. “Nunca se esclareció quiénes participaron del crimen y la causa quedó inconclusa”, expresaron en distintas audiencias, durante las que insistieron que la condena contra Fernández fue apenas una parte de la verdad.
El caso Romero también expuso otro debate: el rol de los estereotipos de género en la justicia. Las crónicas de la época subrayaron que la adolescente “no trabajaba ni estudiaba”, su forma de vestir y sus relaciones, y así se construyó la imagen de la “mala víctima”. Ese arquetipo —según especialistas mancionados por DiarioAr en marzo— aún incide en fallos judiciales.
“La mala víctima absuelve al acusado y a una sociedad que promueve violencias con la sexualización de niños y niñas y la forma en que somos mostradas las mujeres cis en los medios de comunicación”, señaló Ana Oberlin, auxiliar fiscal en La Plata. Y advirtió que esos estereotipos “atraviesan la sociedad y permean profundamente a los operadores y operadoras”.
En la misma línea, la abogada Luciana Sánchez sostuvo que “los jueces y juezas liberan a acusados de violencia sexual contra mujeres y niñas refiriéndose a cuestiones jurídicas como la insuficiencia de la prueba”. Y remarcó: “Estos delitos se cometen en la clandestinidad y es difícil que haya otra prueba directa más allá del testimonio de la sobreviviente, en el caso de que haya sobrevivido”.
Los especialistas también remarcan que las absoluciones con base en la “duda razonable” suelen enmascarar prejuicios de clase y de género. Oberlin planteó que “el sistema de justicia en general es muy permeable a los cambios cuando tienen que ver con volver a políticas conservadoras”, mientras que Sánchez señaló que la figura de la mala víctima y las preguntas prejuiciosas “siguen apareciendo en los juicios, aunque no siempre en la sentencia escrita”.
El nombre de Melina Romero quedó asociado a un crimen atroz, pero también a un reflejo incómodo: cómo el sistema judicial y mediático continúa reproduciendo la figura de la “mala víctima”, una sombra que todavía condiciona la búsqueda de justicia.
