A la investigación por los pagos millonarios de Osprera a Suizo Argentina y al expediente por el “plan criminal” para intervenir la Uatre, ahora se suma una nueva línea que avanza sobre las comunicaciones entre los principales protagonistas. La tercera causa ya está en marcha: el fiscal federal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello pusieron bajo la lupa los movimientos previos y posteriores a la intervención de la obra social sindical, con un foco preciso: las llamadas y mensajes del interventor Carlos Petroni y su relación con el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
La señal de alerta surgió tras la pericia del teléfono de Petroni, ordenada por Marijuan. Entre el 24 de enero y el 10 de febrero de este año, el funcionario designado por el Gobierno para conducir Osprera mantuvo siete comunicaciones con Cordero, además de intercambios por WhatsApp que revelan un vínculo de confianza. “Hola crack, podes hablar (SIC)”, le escribió el secretario el 29 de enero.
Pero no fue solo una charla informal. En los días clave, Petroni dejó registros más precisos. El 22 de enero, en otro mensaje, afirmó ante un empleado de la Secretaría de Trabajo: “Nosotros somos Lule y Karina”. Y poco después le comunicó a otro contacto que se había reunido “con Julio Cordero, el secretario de Trabajo de la Nación, con Mario Lugones, el ministro de Salud, y después con Martín Menem en Casa Rosada”.
Entrecruzamiento, geolocalización y un círculo en expansión
Con esos indicios, el juez Casanello ordenó una medida más amplia: reconstruir las comunicaciones entre todos los imputados en la causa. Requirió a las empresas de telefonía el listado completo de llamadas entrantes y salientes entre el 15 de diciembre de 2024 y el 20 de febrero de este año. También pidió las celdas y antenas activadas en cada contacto, para conocer la ubicación física de los protagonistas durante el armado de la intervención.
La medida alcanza a Petroni, Cordero, el diputado Pablo Ansaloni, Claudio Aquino (exdirector de Asociaciones Sindicales), Aixa Petriatti (exsubdelegada de la Uatre), y al menos otro imputado más no identificado públicamente. Antes de resolver los pedidos de indagatoria ya elevados por Marijuan, el juez busca establecer cómo se tejió la coordinación entre actores gremiales y estatales en el control de Osprera.
De la política al negocio: conexiones con los Menem y contratos en Osprera
La pericia al celular de Petroni también reconstruyó su vínculo con Eduardo “Lule” Menem, apuntado en la causa Andis, y con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En esa misma secuencia de mensajes, Petroni detalla encuentros con ambos en Casa Rosada.
Entre sus interlocutores frecuentes también figura Sergio Andrés Aguirre, socio de Martín Menem en TR Nutrition. Su empresa, HTech Innovation, fue contratada por Petroni para prestar servicios informáticos a Osprera apenas meses después de la intervención. Creada en abril de 2024 —tras la asunción del gobierno de Javier Milei—, HTech facturó más de $47 millones en sus primeros meses y mantiene un contrato mensual por $16 millones.
Aunque el entrecruzamiento de llamadas no incluye por ahora a los Menem, la trama de vínculos quedó trazada. Casanello también pidió al Ministerio de Salud el legajo profesional de Petroni. En paralelo, Marijuan comenzó a investigar otras intervenciones sindicales realizadas durante la gestión actual. Un informe preliminar menciona al menos ocho.
Las otras dos causas y el hilo común
Esta tercera línea judicial se suma a las otras dos ya en curso:
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La causa por el plan para intervenir la Uatre, denunciado por José Voytenco, con eje en el rol de Pablo Ansaloni y Fernando Antúnez, pareja de la diputada bonaerense Salomé Jalil Toledo, quienes habrían articulado políticamente el desplazamiento de la conducción gremial.
La causa por los pagos a la droguería Suizo Argentina, que investiga 193 facturas emitidas entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, por más de $7700 millones, bajo la gestión de Petroni.
Las tres causas están conectadas. Sin intervención, no había designación; sin designación, no había contratos ni giros. Y sin comunicación entre actores del Estado, el gremio y la política, nada de eso habría ocurrido de forma tan precisa.
El celular de Petroni se convirtió en la pieza que faltaba para trazar el mapa completo. Marijuan lo sabe. Casanello también.
