El fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani, y el fiscal coadyuvante José Ipohorski Lenkiewicz pidieron penas de entre tres años y medio y cuatro años de prisión para el exministro de Planificación Julio De Vido, dos exfuncionarios de la Secretaría de Energía y un exdirectivo de Cammesa. La acusación es por negociaciones incompatibles en la adjudicación de obras a Constructora Odebrecht SA para la ampliación de los gasoductos de Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), entre 2006 y 2008.
En su alegato, iniciado el martes, solicitaron cuatro años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas para el exsecretario de Energía Daniel Omar Cameron (72) y para De Vido (72), como autor y partícipe necesario, respectivamente, del delito previsto en el artículo 265 del Código Penal.
También pidieron una pena de tres años y seis meses de prisión, con inhabilitación perpetua y costas, para el exsubsecretario de Combustibles Cristián Alberto Folgar (55) y el exgerente general y vicepresidente de Cammesa Luis Alberto Beuret (80), a quienes consideraron partícipes necesarios.
En cambio, requirieron la absolución del exsubgerente de Cammesa Julio Armando Bragulat (79), al sostener que no se podía asegurar que “haya conocido los alcances de la maniobra tal como fue concebida por sus consortes, ni tampoco está acreditado que tuviera conciencia en la participación en el delito”.
Además, solicitaron el “decomiso de todas las cosas que sirvieron para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que sean el producto o el provecho del delito”.
En el juicio también estaba imputado el exsubsecretario de Energía Eléctrica Bautista Jacinto Marcheschi (86), pero fue apartado por incapacidad sobreviniente.
Según el sitio del Ministerio Público Fiscal, el debate oral -iniciado el 9 de diciembre de 2025- analiza hechos investigados por la Fiscalía Federal N° 6, entonces a cargo de Federico Delgado, con intervención del juez Daniel Rafecas. La causa se originó en la investigación por presuntos sobornos y sobreprecios de la empresa Skanska en la construcción de gasoductos, donde se detectaron maniobras vinculadas a estas adjudicaciones.
Fuente: Agencia DIB
