La médica forense Virginia Creimer, conocida por intervenir en juicios de alto impacto vinculados a denuncias de violencia policial y abusos, enfrenta crecientes cuestionamientos por sus intervenciones periciales en distintos puntos del país. Con un estilo mediático y polémico, su trabajo aparece vinculado a condenas discutidas, acusaciones de falso testimonio y denuncias de irregularidades que hoy investiga la Justicia.
Condena a perpetua y dudas en el caso Noa Suárez
Según cuenta la periodista Josefina López McKenzie en Clarín, uno de los casos más resonantes es el de Noa Suárez, un joven que murió en 2014 dentro de la comisaría de Quequén. Aunque la autopsia original descartó homicidio y atribuyó la muerte a un posible suicidio, Creimer, convocada casi una década después, sostuvo ante el tribunal que había signos de golpes recientes y que el ahorcamiento había sido simulado. Su exposición incluyó una teatralización en vivo del supuesto estrangulamiento, lo que impactó en los jueces.
Con esa pericia como eje, los policías Matías Larrea, Daniel Allamanla y Fernando Pérez Zanetti fueron condenados a perpetua en 2023. Sin embargo, la sentencia está bajo revisión y es señalada por las defensas y organizaciones como la ONG Inocente Colectivo como un ejemplo de “causa armada”. Críticas adicionales apuntan a que la infraestructura deficiente de la comisaría fue imputada a los agentes, y no al Estado.
Un falso abuso y la investigación por el caso Ghisoni
Otro frente abierto para Creimer es el caso de Pablo Ghisoni, denunciado por abuso sexual a partir de una pericia íntima realizada por ella. Con el tiempo, una junta médica desautorizó sus conclusiones y el propio hijo de la denunciante admitió haber sido manipulado.
Ghisoni resultó absuelto en dos instancias y ahora la fiscalía de Lomas de Zamora impulsa una investigación por falso testimonio calificado y asociación ilícita, donde la actuación de la médica forense es una de las piezas bajo análisis.
En el expediente por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro durante la cuarentena, Creimer actuó junto a un perito que luego fue condenado por plantar pruebas.
La letrada fue cuestionada por supuestamente haber “hallado” un objeto en un calabozo previamente revisado y por contradecir a los equipos oficiales de autopsia. Aunque públicamente sostuvo la hipótesis de homicidio, la investigación concluyó que el joven murió ahogado sin participación de terceros.
Especialistas como el antropólogo Luis Fondebrider señalaron que la perito modificaba su discurso frente a los medios en contraste con lo que expresaba en el proceso judicial.
Escándalo en Chaco: informes anulados y policías absueltos
En la provincia del Chaco, Creimer participó en causas por presuntas torturas en comisarías, como la de Leandro Bravo, fallecido en Charata en 2022.
Allí fue acusada de manipular procedimientos forenses, excederse en la manipulación de cuerpos y hasta confundir órganos en plena reautopsia. Su informe quedó anulado por falta de matrícula habilitante, y finalmente los policías acusados fueron absueltos.
Médicos locales que estuvieron presentes describieron sus intervenciones como “una carnicería” y denunciaron su comportamiento como soberbio y falto de rigor profesional.
Un patrón repetido: el “Protocolo Creimer”
Los críticos de la médica hablan de un “Protocolo Creimer”, un modus operandi que incluiría la lectura de un extenso currículum para imponer autoridad, la descripción genérica de supuestos métodos policiales de asesinato, la búsqueda de impacto visual en los tribunales y el ofrecimiento de un relato mediático paralelo que difiere del expediente judicial.
Para Inocente Colectivo, ONG que defiende a miembros de las fuerzas de seguridad procesados, la actuación de Creimer se repite en expedientes donde la construcción de culpabilidad depende más de factores sociológicos y mediáticos que de pruebas sólidas.
Investigaciones en curso
Actualmente, Creimer enfrenta investigaciones judiciales en distintas jurisdicciones por supuestas irregularidades en su labor. Algunas denuncias incluyen falso testimonio agravado, estafa procesal y falta de ética profesional.
El futuro de estas causas definirá si las sospechas en torno a su actuación se traducen en sanciones concretas o si continúan en un terreno de controversia mediática y judicial. Lo cierto es que su figura divide aguas: para algunos, es una profesional comprometida con los derechos humanos; para otros, una perito desacreditada que ha comprometido procesos judiciales sensibles en todo el país. (DIB)
