La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó este miércoles un Habeas Corpus preventivo y colectivo ante la Justicia “para resguardar los derechos” de las personas que participen o transiten cerca de la marcha que se desarrollará esta tarde en las afueras del Congreso en reclamo por la recomposición de haberes de los jubilados.
La acción judicial fue interpuesta “frente a la creciente preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad en el contexto del Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación, aprobado por resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación”.
En ese sentido, el organismo porteño solicitó que el Poder Judicial ordene a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como de la Ciudad, “que actúen conforme a los estándares internacionales a fin de evitar detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y resguardar la integridad física de quienes se manifiesten”.
También reclamó que el personal policial y de fuerzas de seguridad se encuentre visiblemente identificado, exhibiendo en su uniforme el nombre, apellido y rango correspondiente, “para garantizar el correcto control de su accionar”.
La solicitud se enmarca en las denuncias que se expidieron contra el último operativo durante la movilización del miércoles pasado que terminó en graves incidentes y 20 manifestantes heridos, incluido el fotógrafo Pablo Grillo, que continúa internado y en estado delicado producto de la fractura de cráneo que le provocó el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la Policía durante la represión.
“Solo en la última manifestación, 114 personas fueron detenidas y más de 400 recibieron asistencia humanitaria”, aseguró Defensoría del Público de la Ciudad, que junto a su presentación interpuso dos acciones judiciales para prohibir la detención de menores de edad salvo en casos de flagrancia de delito grave y para que las fuerzas de seguridad se abstengan de obstaculizar la labor del personal del grupo de rescatistas y atención humanitaria CEPA.
El organismo público porteño es un habitual crítico del protocolo antipiquetes del Gobierno. Desde su entrada en vigencia, la Defensoría realizó 30 observaciones en movilizaciones y protestas sociales, que derivaron en 56 pedidos de informes y recomendaciones dirigidos a los Ministerios de Seguridad de Nación y Ciudad.
“Hasta el momento ninguno de estos requerimientos tuvo una respuesta adecuada”, aquejaron desde la entidad, que además explicó que allí “se advirtió sobre la inconstitucionalidad de la normativa, la violación de los estándares internacionales de derechos humanos, la afectación de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de seguridad pública, el despliegue inusual y excesivo de fuerzas federales y locales, y el uso innecesario, irracional y desproporcionado de la fuerza, entre otras”.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo intervino desde diciembre de 2023 hasta el pasado miércoles para asistir a más de 80 personas detenidas y brindar atención humanitaria a otras 164 a través del Cuerpo de Emergencias y Primeros Auxilios (CEPA). (DIB)