La Plata, abr 8 (DIB/AMPLIACI??N).- El oficialismo bonaerense
avanzará con un proyecto para penalizar a empresas que cometan hechos de
corrupción en perjuicio del Estado o de casos de evasión fiscal u ocultamiento
de balances.
La medida es impulsada por el bloque de senadores del oficialismo
y será presentada esta semana. El proyecto crea el Proceso de Juzgamiento para
Personas Jurídicas Privadas, un émulo bonaerense de la Ley de Responsabilidad
Penal empresaria que rige a nivel nacional desde fines de 2017. El objetivo de
la norma es perseguir penalmente a las empresas que participen de hechos de
corrupción, casos de evasión fiscal o el ocultamiento y falsificación de
balances.
El debate del proyecto nacional se dio en el marco de las
acusaciones de corrupción contra el kirchnerismo, y llegó meses antes del
estallido de la causa denominada “Cuadernos de la Corrupción”, que involucra a
exfuncionarios de la gestión K pero también a empresarios cercanos al actual
Gobierno, entre los que se encuentra el primo del Presidente Mauricio Macri,
Ángelo Calcaterra.
El proyecto bonaerense, en tanto, sostiene que para las
empresas se aplicarán “todas las disposiciones relativas al imputado, al acusado
y al condenado, reguladas en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos
Aires y en las leyes especiales respectivas”.
El proyecto lleva la firma del senador Leandro Blanco, y
será presentado este miércoles con la presencia del ministro de Justicia
bonaerense, Gustavo Ferrari. En los fundamentos de la iniciativa se remarca que
“la corrupción representa una amenaza seria para el estado de derecho,
afectando no solo a la sociedad en un todo sino provocando mayor daño e impacto
sobre las clases más vulnerables”. Además, indica que “posee un impacto
negativo en la igualdad de derechos, competencia y negocios en general
aumentando los costos de producción y no dando seguridad a los posibles
inversores”, por lo que se sostiene que “para poder comenzar a revertir esta
realidad resulta necesario que las personas jurídicas cooperen con las
autoridades para una mayor eficacia en la aplicación de la ley penal”.
La norma señala que se perseguirán los delitos contra la
administración pública cometido por empresas, como la participación en casos de
corrupción, malversación de fondos o entrega de dádivas a funcionarios; la
realización de balances e informes falsos y a evasión impositiva.
En un eventual juicio, la empresa será juzgada a través de
su representante legal, quien corre el riesgo de ser encarcelado ante un
eventual desacato o por falta de comparecencia ante el tribunal. Además,
contarán con todos los derechos y garantías de cualquier persona física juzgada
por este tipo de delitos, como el pedido de suspensión de juicio a prueba o la
realización de un proceso abreviado. Incluso podría llegar a un acuerdo de
colaboración para conmutar la pena a cambio de información que permita avances
en la causa.
Condenas
Las empresas también quedarán expuestas a condenas penales
en caso de ser halladas culpables. Entre las sanciones, el juez podría disponer
multas de hasta 5 veces el valor del beneficio obtenido ilegalmente; la restitución
de las ganancias que sean el producto del delito; o la cesión a Estado de los
bienes decomisados por la Justicia. También podría avanzarse en la disolución
de la firma, si se comprueba que fue montada exclusivamente para cometer
delitos contra el Estado bonaerense.
No obstante, el proyecto les da a los jueces la potestad de
suspender la medida en caso de que se trate de una pena mínima cuando ésta
pueda perjudicar a trabajadores o afectar servicios esenciales para la
población.
En caso de la ejecución de la pena de disolución, los
magistrados podrán disponer la intervención de la empresa por un lapso de cinco
años, con el objetivo de salvaguardar la continuidad laboral de los empleados.
En los fundamentos del proyecto se señala que “es un hecho
que los delitos efectuados a través de una estructura societaria confieren a
los autores posibilidades de desvincularse del hecho y obstaculizar la investigación
(…) El reconocimiento de su responsabilidad penal hace impostergable la
regulación de su intervención en el proceso penal a través de normas procesales
que permitan, en definitiva, la aplicación de las leyes penales vigentes”. (DIB)
JG
