Desde enero de 2024 a enero de 2026, el recorte en trabajadores del Gobierno nacional ya afecta al 18% de la Administración Pública.
En medio de la “alerta máxima” entre los gremios por posibles despidos masivos en la Secretaría de Trabajo de la Nación tras la aprobación de la reforma laboral, desde que llegó Javier Milie al poder ya se perdieron más de 65 mil puestos en la administración pública.
De acuerdo a los datos oficiales que celebró el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a enero el recorte del Estado nacional llegó 65.582 personas, unos 3.900 más que en diciembre. Y si se compara con enero de 2025, en doce meses el achicamiento en la administración pública fue de 25.293 trabajadores.
“¿Cómo se bajan los impuestos? Bajando el gasto! El Estado se había sobredimensionado tanto que seguimos mes tras mes encontrando espacios para seguir bajándole la carga tributaria al contribuyente. VLLC!”, escribió Sturzenegger en la red social X.
De los 65.582 despidos, alrededor del 60% pertenecen a la administración pública nacional (centralizada o descentralizada), seguido por empresas del Estado (Un 26%) y, en menor medida, personal militar y de seguridad. En concreto, la reducción de personal estatal representa una caída en torno al 18% en la dotación del Estado nacional.
Entre las empresas y organismos con mayor reducción se ubicaron Correo Oficial, que reportó 5.290 cargos menos; Operadora Ferroviaria S.E., con 3.615 empleos menos; ARCA, que recortó 3.221 puestos; el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con 2.261; el Banco de la Nación Argentina, con 2.116; y Aerolíneas Argentinas, que contabilizó 1.899 recortes.
Cabe recordar que algunos gremios, como la Asociación de Trabajadores Estatales(ATE), advierten que la aprobada reforma laboral “acelerará la destrucción del empleo” y representa “una regresión sin precedentes” para los derechos de los trabajadores. En este contexto, el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, denunció que el Gobierno nacional intenta implementar una “nueva estructura” administrativa que, en los hechos, funcionaría como una herramienta para profundizar el recorte del gasto público y el achique del Estado.
Fuente: Agencia DIB