Lo decidió la justicia federal de Dolores. El gobierno nacional de Javier Milei tiene cinco días para cumplir. Preocupación en el equipo de Luis Caputo.
El Juzgado Federal de Dolores condenó al Ministerio de Economía del gobierno de Javier Milei, que conduce Luis Caputo, a entregar en un plazo de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025, mediante el cual el Gobierno nacional contrajo un crédito de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
La decisión judicial surge a partir de una acción de amparo presentada por Francisco Verbic, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el CELS, que denunciaron la violación de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275).
Según el fallo, la cartera económica intentó “eludir la entrega” de la documentación mediante maniobras administrativas. Primero tramitó el pedido bajo la normativa vigente, incluso solicitando una prórroga, pero luego desconoció la aplicación de la ley y derivó el caso a un procedimiento más restrictivo y burocrático.
El juez fue categórico: el Estado debe acatar la norma sancionada en democracia y con amplio consenso, por sobre reglamentaciones dictadas en gobiernos de facto.
“La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”, recordó el magistrado, citando a la Corte Suprema de Justicia, que sostiene que el derecho al acceso a la información es un derecho humano fundamental y que toda persona puede solicitarla sin acreditar un interés especial.
El fallo también subrayó que el DNU en cuestión no explicita las condiciones ni las razones del empréstito con el FMI, lo que refuerza la necesidad de transparencia: “El derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación”, sostuvo la sentencia.
De esta manera, el Ministerio de Economía queda obligado a entregar la totalidad del expediente, con anexos y documentos incluidos, en un plazo máximo de cinco días hábiles.
La resolución se convierte en un antecedente clave en materia de control democrático y acceso a información estatal, especialmente en decisiones de alto impacto económico como un endeudamiento externo de magnitud histórica.