El ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, confirmó que el jueves 6 el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que lidera el gobernador Axel Kicillof y el PJ bonaerense estarán presentes en la movilización contra la votación en el Congreso nacional de la llamada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada".
En el marco de la conferencia de prensa de los lunes en la Gobernación provincial, Bianco expresó que esta ley que impulsa el Gobierno nacional "intenta llevar adelante un proceso sistemático de extranjerización de nuestras tierras: va contra la soberanía nacional y la defensa de los recursos naturales". Y añadió: "Mientras el mundo cuida su patrimonio, Milei va a contramano queriendo entregar nuestro territorio. El Movimiento Derecho al Futuro y el PJ de la provincia de Buenos Aires se sumarán a la movilización del 6 de agosto para expresar su repudio a esta iniciativa".
En esa línea, Bianco recalcó que "el país vive una profunda crisis", producto de un modelo económico que beneficia "a unos pocos". Y sumó: "A pesar de que el Gobierno nacional quiere instalar la idea de una mejora de la situación económica, los indicadores y la calle muestran otra cosa: cerraron más de 30 mil empresas, se profundiza la crisis del comercio y la construcción, y cada vez son más las familias que se endeudan para sostener sus necesidades básicas".
Marcha en defensa de la soberanía y los recursos naturales
La movilización se realizará este jueves 6 de agosto de 2026 frente al Congreso de la Nación, día en el que se debate en el Senado el proyecto conocido como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada o, popularmente, como "Ley de Tierras".
El proyecto oficial deroga los límites actuales de la Ley 26.737, que prohíbe que los extranjeros posean más del 15% de las tierras rurales del país. Las organizaciones sociales, ambientales y políticas que impulsan la marcha denuncian que la medida favorece la extranjerización de la tierra, el agua y los recursos naturales. Asimismo, la iniciativa también incluye modificaciones en los procesos de desalojo y en el régimen de organización de comunidades.
Fuente: Agencia DIB