La titular de la cartera bonaerense de Mujeres y Diversidad confirmó que antes de asumir ya circulaban rumores sobre presuntos abusos cometidos por dirigentes con presencia en el Senado bonaerense.
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, reconoció que antes de asumir su cargo en diciembre de 2019 ya circulaban versiones sobre presuntos abusos sexuales cometidos por integrantes de una agrupación política con presencia en el Senado bonaerense. Aclaró que, en ese momento, la información llegaba bajo la forma de rumores y sin causas judiciales con avances concretos.
Las declaraciones se conocieron en el marco del avance de la investigación judicial que involucra a Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, dirigentes del Movimiento Ciudadano La Capitana, acusados de haber abusado sexualmente de varias mujeres en La Plata, incluso dentro de dependencias del Senado provincial, en el marco de una presunta secta denominada " Orden de la Luz".
Las primeras denuncias contra la pareja datan de 2014 y 2019, aunque ninguna prosperó durante casi una década. Esa inacción derivó en que algunas víctimas abandonaran la ciudad ante la falta de respuestas y contención estatal.
La causa tomó un nuevo impulso recién en los últimos años, cuando la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata, reactivó uno de los expedientes a partir de la aparición de nuevas denunciantes. En paralelo, a mediados de 2025 se abrió otra investigación con más casos, lo que permitió visibilizar un patrón reiterado de abusos y presuntas prácticas sectarias.
Consultada por el portal Infobae, la ministra Díaz no negó que las sospechas existieran antes de su asunción. Sin embargo, sostuvo que la ausencia de causas judiciales activas condicionó cualquier posible intervención.
En ese sentido, remarcó que los delitos sexuales contra personas adultas son de instancia privada y que los funcionarios no están obligados a denunciar si no media una presentación formal de la víctima.
La intervención formal del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense se produjo recién en octubre de 2024, cuando una empleada del Senado pidió ayuda tras haber sufrido abusos. El Equipo Interdisciplinario de la Legislatura elaboró un informe y lo elevó a la Dirección de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, área que depende directamente de la ministra.
La directora de esa dependencia, Valeria Monetta, recibió a la empleada legislativa y escuchó su testimonio junto a la directora de Abordaje de Violencias Diferenciadas y Casos Críticos, Sonia Sánchez. Para ese momento, esta víctima todavía no había hecho la denuncia penal.
Desde el ministerio le indicaron que debía acudir a la Justicia para acceder a medidas de protección, como un botón antipánico.
La presentación judicial finalmente se concretó en 2025. Para entonces, los acusados ya tenían dictadas restricciones de acercamiento por otro caso, lo que derivó en su apartamiento del Senado. A pesar de ello, continuaron percibiendo sus salarios hasta que fueron detenidos meses después.
Paralelamente al avance judicial, salieron a la luz imágenes y registros que muestran la cercanía de los acusados con distintos espacios del peronismo platense. Durante 2025, Rodríguez y Silva Muñoz participaron de actos y actividades políticas en los que incluso coincidieron con algunas de las víctimas, pese a las restricciones vigentes.
La ministra Díaz inauguró en agosto pasado una unidad básica en Ringuelet, vinculada al espacio político del gobernador Axel Kicillof “Movimiento Derecho al Futuro” (MDF). Ese armado invitó a La Capitana a distintas actividades, aunque la ministra negó cualquier vínculo orgánico y aseguró que rechazó actos conjuntos.
En distintos perfiles de redes sociales, entre 2020 y 2025, se publicaron al menos tres imágenes de la ministra con los involucrados: una con Daniela Silva Muñoz, en un acto feminista, y otras dos con Nicolás Rodríguez, en las que también posan otros dirigentes platenses. “Era un mecanismo de ellos para buscar protegerse, y cuando uno está en actos públicos, hay gente que se te arrima”, explicó Díaz a Infobae.
Uno de los elementos centrales del caso es el rol de Melina Gaudino, señalada como una “falsa abogada” que habría simulado representar legalmente a las víctimas para evitar que las denuncias avanzaran.
Según testimonios incorporados a la causa, Gaudino aseguraba estar realizando gestiones judiciales inexistentes, lo que generó una “falsa sensación” de acompañamiento legal.
Gaudino ocupó cargos en distintos organismos públicos entre 2020 y 2024 sin contar con título habilitante. Luego de que las autoridades comprobaron esa irregularidad, el Ministerio de Seguridad bonaerense la desvinculó, aunque posteriormente se reinsertó en la Municipalidad de La Plata y más tarde en una universidad pública, siempre bajo la figura de abogada.
Actualmente, la Justicia evalúa unificar todas las causas que involucran a la cúpula de La Capitana. La fiscal Lacki solicitó formalmente esa medida, mientras que los jueces de garantías Juan Pablo Masi y Pablo Nicolás Raelle definirán la competencia.
Fuente: Agencia DIB