Durante la administración de Javier Milei, uno de los enigmas más persistentes y polémicos ha sido el destino de una parte significativa de las reservas de oro de Argentina. A mediados de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reconoció que había trasladado una fracción de sus lingotes al exterior, particularmente al Reino Unido, sin informar con precisión cantidades ni destinos oficiales.
Desde entonces, esa decisión ha generado una fuerte discusión pública. Por un lado, el Gobierno defendió el movimiento como una estrategia para “maximizar los retornos de los activos” y facilitar la utilización de oro como garantía o respaldo en operaciones financieras internacionales. Por otro lado, la falta de transparencia es, fue y sigue siendo un foco de críticas constantes: desde reclamos de sindicatos y políticos opositores que hablan de secretismo inaceptable, hasta requerimientos judiciales que ordenan al BCRA y al ministro de Economía informar detalladamente sobre estas operaciones.
Asimismo, la cuestión se colocó en litigios internacionales. En juicios por deudas históricas, como el caso de la expropiación de YPF en Estados Unidos, se le exigió al Estado argentino revelar la ubicación de esas reservas para evaluar posibles embargos de activos.
Lo que emerge de este panorama es una profunda tensión entre estrategias financieras técnicas y derechos de la ciudadanía a saber qué ocurre con lo que, teóricamente, pertenece a todos. El oro no es un mero metal precioso; es un símbolo de soberanía económica, una herramienta de confianza internacional y una reserva de valor que trasciende fronteras. Cuando se decide trasladarlo, garantizar transparencia se vuelve tan esencial como la operación misma.
A grandes rasgos, la discusión sobre mover o vender activos soberanos nos enfrenta a una pregunta más amplia: ¿qué significa poseer un tesoro nacional?
En este caso, los lingotes de oro no son solamente barras de valor físico, son símbolos de confianza, garantía de futuro y promesa de estabilidad en una sociedad que conoció reiteradas crisis económicas. Cuando un Estado decide desprenderse de parte de esas reservas o incluso trasladarlas sin explicaciones claras, está tomando una decisión que afecta el tejido de confianza entre sus gobernantes y sus ciudadanos.
La política no es sólo la gestión de recursos, sino la gestión de nuestras expectativas colectivas, de nuestra fe en el futuro compartido. Si el manejo de los recursos estratégicos se convierte en un acto opaco, entonces la política se transforma en un arte de lo impenetrable y el pueblo, privado de información, sólo puede sospechar y desconfiar.
Vender, trasladar o colateralizar los tesoros de una nación puede tener sentido técnico o económico en algunos contextos, pero sin transparencia y sin deliberación pública, esas acciones dejan de ser técnicas y se convierten en decisiones éticas: ¿a quién pertenecen realmente esos tesoros? ¿Al Estado, al Gobierno en ejercicio, o al pueblo que los generó?
Al final, no todo lo que brilla es oro.
Y cuando el oro deja de brillar ante los ojos de su propio pueblo, la pregunta ya no es dónde está, sino qué más estamos dejando de ver.