El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, desplazó de
su cargo a Gonzalo Calvo, el funcionario que autorizó las compras de alimentos
a un precio superior a los valores recomendados por el Gobierno, y otros
funcionarios de esa área seguirían el mismo camino tras haber presentado su
renuncia esta tarde. En tanto, se anunció oficialmente la marcha atrás la
licitación de la polémica, tal como lo había adelantado ayer el presidente
Alberto Fernández.
Fuentes del Gobierno nacional indicaron que Arroyo le pidió
la renuncia a Calvo (un hombre del intendente de Almirante Brown, Mariano
Cascallares), quien ocupaba la secretaría de Articulación de Política Social y
había estado a cargo de la polémica licitación en la que se detectaron precios
de compra hasta un 62% superiores a los estipulados por el propio Ejecutivo
como precios máximos para la venta en comercios minoristas.
En tanto, trascendió que en las últimas horas otros 14
funcionarios del área habrían presentado su renuncia y que su salida quedaría
oficializada este miércoles.
Gonzalo Calvo, el funcionario despedido por la polémica compra de alimentos. (Archivo)
La polémica estalló ayer, luego de que se diera a conocer la
compra de alimentos a comedores que contenían precios que superaban hasta en un
62% los “precios máximos” establecidos por el propio Gobierno para los
comercios minoristas.
Desde la Casa Rosada se precisó que ayer, luego de que se
conociera la licitación, el ministerio inició una investigación sumaria para
determinar las responsabilidades, y de allí surgió el pedido de renuncia de
Calvo. En tanto, se indicó que “se está haciendo una revisión de los circuitos
administrativos y de otras áreas”, y que frente a ello “no se descartan más
cambios”.
Marcha atrás
En tanto, en Desarrollo Social confirmaron la revocación de
las licitaciones de aceite y azúcar que estaban por encima del precio testigo
de SIGEN, y anunciaron que realizará un nuevo llamado para adquirir estos
productos. Para ello, además, se establecerán precios máximos.
La decisión de echar por tierra con las licitaciones había
sido adelantada anoche por el presidente Alberto Fernández, quien indicó que
“como esta compra se hizo pero todavía no se pagó, le pedí al jefe de Gabinete,
Santiago Cafiero, que no se pueda hacer ninguna compra sin respetar los precios
máximos que fija el Estado”.
Ahora, el Gobierno decidió a través de una resolución que el
Estado “no podrá en ningún caso abonar montos superiores a los precios
máximos” fijados por la Secretaría de Comercio Interior en los procesos de
compra que se realicen para atender la emergencia sanitaria por coronavirus.
La disposición también tendrá alcance en los procesos de
compra “en los que se hubiere realizado el acto de adjudicación y hubiera
obligaciones de pago pendientes de cumplimiento” y aclara que “en
todos los casos, se procederá a pagar exclusivamente hasta el monto
correspondiente a la aplicación de la resolución, respetando los precios
máximos allí previstos”.
En la medida se recordó, además, que la Secretaría de
Comercio “dispuso por el término de 30 días corridos desde su entrada en
vigencia, la fijación de precios máximos de venta al consumidor de bienes de
consumo general, a los valores vigentes al día 6 de marzo del presente año,
autorizando su prórroga en caso de persistir las circunstancias de excepción
que la motivaron”. (DIB)
