La Plata, jun 9 (DIB).- La Argentina argumentará ante la
justicia de Estados Unidos que la compra que realizó la empresa Petersen de las
acciones de la petrolera YPF fue un acto de legalidad nula, en caso de no ser
escuchado su reclamo de jurisdicción de los tribunales nacionales.
Los representantes legales de la Argentina y la empresa YPF
se presentarán este jueves en el tribunal de la jueza del circuito sur de Nueva
Yok, Loretta Preska, en el primer cara a cara con el demandante fondo de
inversión Burford, en poder del derecho de litigio de las empresas Petersen
Energía y Petersen Inversora.
En la audiencia, Burford insistirá -anticipó la semana
pasada por escrito- en solicitar el juicio sumario del caso al considerar que
se trata de cosa juzgada y avanzar en un nuevo encuentro entre las partes para
decidir la cuantificación de los daños y los montos a pagar por la Argentina.
El país rechazó ese cierre del caso por entender que
“carece de mérito legal y es prematuro” al entender que se le debe
dar la posibilidad de presentar “los numerosos y sustanciales
argumentos”, e incluso plantear un proceso de discovery, recurso para
pedir información y documentación de todas las partes.
La primera jugada del país será insistir en la jurisdicción
exclusiva de los tribunales argentinos sobre las reclamaciones de Petersen bajo
la ley local, tema que la Argentina pretendió que definiera la Corte Suprema de
Justicia, que finalmente rechazó el recurso.
En caso de que Preska reafirme que el juicio proseguirá en
su tribunal y no derivará en los estrados nacionales, la estrategia será
“demostrar el procedimiento fraudulento” en la compra de 25% de las
acciones del Grupo Petersen entre 2008 y 2011.
Como anticipó ante Preska en los últimos días, la Argentina
demostrará que “Petersen, empresa ficticia española formada y controlada
por ciudadanos argentinos, entró en un conjunto muy dudoso de acuerdos
evidentemente falsos para adquirir sus acciones de YPF”.
Las empresas Petersen adquirieron en 2008 a Repsol 15% de
las acciones de la compañía y 10% adicional en 2011, por US$ 3.500 millones,
pero “sin desembolsar un centavo” ya que se le permitía “hacer
uso de los futuros dividendos de YPF para comprar sus propias acciones”,
consta en un escrito.
“Dada la naturaleza impropia, estos acuerdos son nulas
ab initio, privando a Petersen de estar en condiciones para demandar” a la
Argentina y a YPF por incumplimiento de contrato alguno.
De ser necesario, el país reclamará abordar “numerosos
fundamentos legales” entre los que se plantean “la doctrina de forum
non conveniens, los principios jurídicos de la comunidad internacional; y la
falta de reclamos contractuales directos entre accionistas hasta la falta de
legitimidad.
También se podrá apuntar, en caso de llegar a la instancia
de alegatos, a la incapacidad de Petersen para la demanda porque ya no era un
accionista de YPF cuando ocurrió la nacionalización de acciones en 2012; y al
hecho de que el incumplimiento anticipado del contrato y el incumplimiento del
deber implícito de buena fe y trato justo no son reclamos reconocibles bajo la
ley argentina. (DIB)
