El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense aprobó un nuevo anexo al convenio suscripto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para avanzar en el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio público de distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción provincial.
La medida formaliza el Anexo III del acuerdo celebrado con el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare), dependiente de esa Facultad, que brinda servicios de consultoría para el desarrollo técnico y económico de la revisión tarifaria que comenzó en 2024. En este caso, el anexo establece en detalle las fases, contenidos, hitos y porcentajes de pago correspondientes a la Etapa 2 del proceso.
El proceso de RTI había sido iniciado por la Provincia mediante la Resolución N° 1133/2024 y contempla distintas instancias de análisis técnico, económico, tarifario y jurídico del sistema de distribución eléctrica provincial. El objetico es conocer en detalle los costos de la distribución de energía de las cuatro compañías de energía: Edelap, EDES, EDEA y EDEN.
En concreto, con este proceso se busca definir un plan de inversiones que garantice un servicio eléctrico de calidad, actualice la infraestructura según la demanda actual, y reafirme el rol activo del Estado provincial en el control de las empresas.
Según informaron desde la Provincia, otra de las metas que persigue la RTI es mejorar los parámetros de calidad del servicio y al mismo tiempo garantizar a los usuarios tarifas asequibles y geográficamente homogéneas.
El análisis de los costos de la energía elécrtrica
De acuerdo con lo previsto en el acuerdo, la Etapa 1 está vinculada a la valuación física de los activos de las distribuidoras y a la recopilación de información técnica para garantizar la prestación del servicio en condiciones adecuadas. En tanto, la Etapa 2 comprende el análisis económico y regulatorio, incluyendo la valorización de la base de capital, la determinación del requerimiento de ingresos de cada distribuidora, la definición del plan de inversiones obligatorio y la propuesta de estructura tarifaria.
Según la documentación oficial, esta etapa es fundamental para todo el proceso porque va a culminar en un informe final en el cual el Ceare va a sugerir un nuevo cuadro tarifario a aplicar. El cronograma contiene numerosas tareas específicas subdivididas en distintas fases y un plazo total de 15 meses para llegar hasta las conclusiones.
La resolución también establece que los pagos vinculados a la consultoría serán gestionados por la Subsecretaría de Energía, una vez verificado el cumplimiento de los hitos establecidos para esta segunda etapa del proceso.
La decisión se adoptó con intervención de los organismos de control provinciales y en el marco de las facultades previstas en la Ley de Ministerios, el marco regulatorio eléctrico provincial y la normativa administrativa vigente.
Fuente: Agencia DIB