El gremio estatal decidió poner en suspenso la huelga en la ANAC prevista para el 9 de febrero, y se abrió una mesa de diálogo.
El aeropuerto internacional de Ezeiza.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este viernes la suspensión del paro de actividades en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que estaba programado para el próximo lunes 9 de febrero. De esta forma, quedó garantizada la normalidad de los vuelos en el inicio de la semana.
La decisión se tomó luego de que las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte convocaran al gremio a una reunión de urgencia para destrabar el conflicto.
"Posponemos la medida de fuerza del lunes porque, desde un primer momento, nuestra intención fue el diálogo", confirmó Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional. La dirigente explicó que el conflicto se originó por "una deuda salarial y el incumplimiento de un aumento" pactado anteriormente.
El paro, que iba a comenzar a las 0 horas del lunes, amenazaba con afectar la operatividad de los aeropuertos en plena temporada. "Veníamos realizando distintas acciones en los aeropuertos sin llegar al paro, porque es la última herramienta, y al parecer el Gobierno escuchó el reclamo", agregó Cabezas.
Por su parte, Marcelo Belleli, titular de ATE ANAC, advirtió que la suspensión es condicional: "Vamos a dialogar posponiendo el paro, pero no renunciamos a los reclamos que nos llevaron a la medida de fuerza".
El sindicato informó que, mientras se desarrolle la negociación, la operación aérea será normal. No obstante, si no se llega a un acuerdo en la reunión con los funcionarios, se convocará a una nueva asamblea para definir los pasos a seguir.
El núcleo del conflicto, según informaron desde el gremio, radica en la denuncia de recortes salariales compulsivos aplicados sobre haberes ya liquidados.
Entre las demandas principales se destacan la recomposición urgente de la escala salarial frente a la inflación acumulada; la anulación de los descuentos aplicados de forma unilateral sobre los ingresos de los trabajadores; y el establecimiento de garantías sobre las condiciones de seguridad operativa en las terminales.
Fuente: Agencia DIB