La Provincia dio de baja a la principal empresa de radares tras descubrir que compartía cuenta bancaria con la Universidad de San Isidro. El caso abre dudas sobre el manejo de fondos y anticipa una revisión del esquema en todo el territorio bonaerense.
Una auditoría oficial detectó irregularidades en la administración de los fondos provenientes de las fotomultas en Pilar.
Un nuevo foco de controversia se abrió en el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires, esta vez con epicentro en el municipio de Pilar. Una auditoría oficial detectó irregularidades en la administración de los fondos provenientes de infracciones de tránsito y derivó en la baja de la principal empresa prestadora del servicio.
El dato que encendió las alarmas fue la coincidencia de una misma cuenta bancaria (CBU) entre la firma encargada de operar los radares y la Universidad de San Isidro, institución que debía cumplir un rol de asistencia técnica.
La superposición fue identificada en documentación oficial de pagos y generó sospechas sobre la transparencia del circuito de recaudación.
Frente a este hallazgo, el Ministerio de Transporte bonaerense resolvió excluir a la empresa del registro de proveedores, en una medida que no solo impacta en Pilar, sino que podría extenderse a otros distritos donde rigen convenios similares.
El esquema vigente de fotomultas establece que los ingresos se distribuyen entre el municipio, la Provincia, la empresa operadora y la universidad interviniente.
Sin embargo, la utilización de una misma cuenta contradice ese modelo y pone en cuestión la independencia que deben tener las casas de estudio en estos acuerdos.
El convenio en Pilar había sido firmado por el intendente Federico Achával bajo un formato replicado en distintos municipios, donde universidades participan como respaldo técnico. Este mecanismo ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones, ya que en algunos casos permite a las empresas operar bajo estructuras que reducen su carga impositiva.
Tras la detección de las inconsistencias, la Provincia notificó a los municipios que mantienen contratos de este tipo y avanzó con una revisión más amplia del sistema. El objetivo es determinar si existen prácticas similares y garantizar la trazabilidad de los fondos recaudados.
El caso se suma a otras investigaciones judiciales en curso sobre el manejo de infracciones de tránsito, en las que se analizan posibles maniobras de recaudación irregular, intermediación indebida y desvío de dinero. En ese contexto, lo ocurrido en Pilar podría marcar un punto de inflexión en un esquema que desde hace tiempo se encuentra bajo sospecha.
Fuente: Agencia DIB