La Plata, oct 7 (Por Andrés Lavaselli, de la redacción de DIB).- Contra lo que el clima de época que
recientemente hizo eclosión en el debate por la legalización del aborto y en la
campaña asociada por la separación de la Iglesia y el Estado parecía
pronosticar, la Iglesia recuperó en las últimas semanas, al compás de la
profundización de la crisis económica y de la emergencia de sus efectos
sociales más agudos, una centralidad en la vida política bonaerense que hacía
años que no tenía y que vuelve a transformarla en un actor relevante junto a
gobierno, gremios, intendentes y movimientos sociales.
7 de octubre de 2018 - 15:51
Panorama: la Iglesia, el actor político inesperado que la crisis trajo de vuelta
El episodio más reciente de ese proceso es tal vez el más
importante: la celebración que el viernes encabezó el arzobispo de La Plata,
Víctor Manuel Fernández, en la catedral de la Inmaculada Concepción, ante la
cúpula de los gremios y los movimientos sociales más importantes de la
provincia a los que, en un tono que por momentos rozó la arenga política explícita, llamó a superar las diferencias
internas para trabajar por un “proyecto” inclusivo y “superador” que permita
revertir la situación actual del país.
Fernández no es un obispo más: es el elegido por Francisco
para cambiar de raíz el perfil ultraconservador de la sede platense, la más
importante de la Iglesia bonaerense, escenario de una cohabitación siempre
significativa con el poder político provincial. Entre sus invitados del viernes
había líderes duramente enfrentados con Vidal: Roberto Baradel (Suteba); Oscar
De Isasi y Francisco Banegas (ATE) y Emilio Pérsico, el mandamás del Movimiento
Evita, que viene de pedir en público la renuncia de Mauricio Macri.
Vidal tiene tres ministros encargados de llevar la relación
con los obispos. El de Gobierno, Joaquín De La Torre, que pertenece a una
familia de estrechos vínculos con los sectores más conservadores de la iglesia;
el de Asuntos Públicos, Federico Suárez,
un exseminarista que fue protegido de Francisco, a quien debe parte de su
carrera, cuando era arzobispo porteño y Santiago López Medrano, de Desarrollo
Social, de trato cotidiano con los prelados porque coordina con ellos la
distribución de ayuda material a los sectores más necesitados.
En ese trío existe la convicción de que Roma, a pesar de que
deplora aspectos del modelo económico, es un factor de estabilidad política en
medio de la crisis. Le atribuyen, sobre todo, un rol apaciguador de los
sectores más exaltados de los movimientos sociales y de los gremios involucrados
en conflictos serios, como el de Astillero Río Santiago y el de los docentes.
Además destacan la eficacia de la “red capilar” enraizada en las barriadas más
humildes que la Iglesia, con ánimo colaborativo, puso a disposición del Estado
desde el primer momento.
Por eso la jugada de “Tucho” Fernández, al que los ministros
decodificaban hasta ahora como un interlocutor razonable que contribuyó incluso
a destrabar la toma del ministerio de Economía, causó entre ellos cierta
ansiedad. Dos elementos alimentaron esa impresión: la Catedral embanderada con
imágenes de Juan Perón y la definición, por parte del arzobispo, del rol
eclesial como articulador de la unidad del “campo popular”, un ente de límites
significativamente imprecisos que podría incluir a partidos políticos.
Es simple: en el Gobierno ven a una arzobispo ayudando a
acercar posiciones a un peronista clásico siempre recostado a la derecha del
espectro, como Carlos Quintana, el mandamás de UPCN en Provincia, con un
izquierdista con pasado en Montoneros como Pérsico y se preocupan. Uno de
aquellos ministros resume así el motivo de la aprehensión: “Tucho es gestual y fiel a su pastor”, que no es
otro que Francisco.
Además, Fernández no actuó en el vacío: unas horas antes,
los gremios docentes habían sido recibidos en la sede de la Conferencia
Episcopal. El interlocutor allí fue el
titular de la Pastoral Social, Jorge Lugones, otro prelado que escaló hasta su
cargo actual de la mano del Papa. A diferencia de Fernández, Lugones -cuyo hermano Luis es titular del PJ
platense tras ganarle una interna al exministro K Julio Alak- es considerado
como un adversario por el vidalismo. No le perdonan el elevado tono político de las críticas que formuló ante la
gobernadora en la apertura de la semana social de la Iglesia. El otro obispo al
que el Ejecutivo entiende adverso es Hugo Salaberry, diocesano de Azul.
Juegos dobles
En el marco de la renacida centralidad política de la
Iglesia figuran también las reuniones sucesivas que, hace 15 días y con solo 48
horas de diferencia, mantuvo un grupo de obispos bonaerenses primero con
intendentes peronistas del conurbano y, luego, con la propia Vidal, que ya los
había recibido tres meses antes y que antecedió ese segundo encuentro de una
reunión con la conducción de Cáritas a la que asistió con la ministra de
Desarrollo Social, Carolina Stanley.
Esa asiduidad con los purpurados, de la que no es ajeno el
titular de la Conferencia Episcopal, Oscar Ojea, es afín a la estrategia de
Vidal de marcar un mayor énfasis social que el presidente Mauricio Macri, con
quien la Iglesia tiene una distancia mayor que con la Gobernadora, como
reconoció el arzobispo Fernández. Y aunque como se vio más arriba no la exime
de críticas, es una señal política que ratifica otra, acaso más significativa
aún: la que emitió el propio Francisco cuando la recibió, en junio, en una
audiencia privada de 80 minutos en la residencia de Santa Marta.
De modo simétrico, los obispos emiten sus señales: Lugones
se ausentó de los encuentros con Vidal, pero Jorge Vázquez, de Morón y Fernando
Maletti, de Merlo, dejaron trascender cierta sorpresa por la ausencia de Martín
Insaurralde ???posible candidato a gobernador- a la cumbre con los intendentes,
en la cual aceptaron ser vehículos de un pedido para que la gobernadora declara
la emergencia social en la provincia que sabían destinado al fracaso y que tal
vez aceparon solo para no tener que rechazarlo, ya que solo hicieron una
referencia formularia cuando estuvieron con la gobernadora.
Lo que Maletti sí mencionó ante Vidal como un hecho político
relevante, que podría contener claves para el futuro próximo, el hecho de que
unos 800 intendentes de todo el país hayan suscripto los 10 puntos del llamado
“Acuerdo de Padua”, una expresión de la mirada de Francisco sobre la política
argentina que tuvo a Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo y saliente
presidente del PJ bonaerense, como gestor. Eso, más allá de que uno de los
ítems que contiene el documento, el rechazo al aborto, haya sido desoído por
varios de esos alcaldes. (DIB) AL