La Plata, oct 17 (DIB).- La fiscal Cecilia Corfield pidió
elevar a juicio a tres ex funcionarios del Instituto Obra Médico Asistencial
(IOMA) durante la gobernación de Daniel Scioli y dos empresarios, en una causa por
los presuntos delitos de fraude al Estado y asociación ilícita.
17 de octubre de 2018 - 09:53
Fiscal pidió llevar a juicio a tres ex directivos del IOMA
Quienes aparecen involucrados son Alejandro Fernández, ex
director general de Administración, el ex director de Finanzas, Bernardo
Rodríguez, y el ex subdirector de Compras, Carlos Soberón. También Mario
Errecart, gerente de una de las empresas que participó de la presunta maniobra,
y Gerardo Angarami, presidente de otra de las firmas.
La investigación se inició a partir de una denuncia
formulada por Ildemar Seillant, titular de la Asociación de médicos auditores
de la obra social, quien sostuvo que en 2011 y 2012 se estaban pagando valores
“extremadamente superiores” para la adquisición de los denominados VAC, un
sistema de presión negativa para el cierre de heridas.
Esta terapia de cierre de heridas consiste en aplicar
presión negativa a una herida de difícil curación, aspirando el líquido que
emana de la zona afectada, manteniéndola seca y facilitando así su
cicatrización.
La fiscal sostuvo que los ex funcionarios imputados
detentaban la responsabilidad del manejo y administración de los recursos del
IOMA, “violando los deberes a su cargo con el objeto de obtener para sí y para
los terceros como imputados con quienes se encontraban en connivencia, un lucro
indebido”. Y añadió que “direccionaron -al menos- 85 trámites de provisión del
denominado sistema de cicatrización de heridas por presión negativa hacia las
firmas Ortopedia y Cirugía La Plata S.R.L. y Cirugía Alemana Insumos Médicos
S.A., logrando de tal modo que el IOMA terminara abonando sumas de dinero muy
superiores al valor real de la prestación”.
“Para ello, los funcionarios y los empresarios imputados
convinieron en disfrazar de compleja (mediante la sobrecarga de
especificaciones técnicas, identificación de insumos específicos y marcas
comerciales determinadas) una prestación extremadamente simple, para de tal
modo generar una falsa exclusividad y así lograr que sólo esos prestadores
estuvieran en condiciones de cumplir con el requerimiento, excluyendo a otros
posibles oferentes que podían brindar el mismo servicio a un costo
sustancialmente menor al que pagaría la obra social”, añadió la fiscal. (DIB) FD